Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acudirá este sábado 1 de agosto a los juzgados federales del Reclusorio Norte para firmar el libro de procesados y así cumplir con lo ordenado por los jueces federales de control.
Es una más de las medidas cautelares impuestas por las autoridades judiciales José Antonio Zúñiga Mendoza y Juan Carlos Ramírez Benítez, para que Lozoya cuente con libertad condicional en los procesos en los que está siendo vinculado.
Los dos jueces ordenaron que el ex funcionario cercano a Enrique Peña Nieto debe presentarse a firmar los libros de procesados los días 1 y 15 de cada mes mientras duren sus procesos.
El miércoles 29 de julio, el juez Ramírez Benítez vinculó a proceso a Lozoya Austin por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, y cohecho por las acusaciones del caso de la empresa brasileña Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) también comprobó que el acusado participó en la compra irregular de una planta chatarra de fertilizantes a Altos Hornos de México, y que recibió un soborno de USD 3 millones por ello.
Por su parte, el martes pasado, el juez federal José Antonio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso al ex director de Pemex después de encontrar pruebas de su participación en el delito de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, como el caso de Agronitrogenados.
La investigación de la FGR estableció que Lozoya recibió un soborno de USD 10.5 millones por parte de Odebrecht a cambio de contratos para la construcción de obras en México, lo cual le brindó un lucro de USD 34.9 millones.
Las autoridades mexicanas puntualizaron que no solamente Lozoya recibió diversas transferencias de dinero, sino también su madre y su hermana y en diferentes bancos de Alemania y México, además de encontrarle una casa de playa en Ixtapa, en el estado de Guerrero.
El procesado aceptó las acusaciones, pero también pidió ampararse en un criterio de oportunidad y participar como testigo colaborador en el caso, por lo cual señalará a todas las personas que lo “obligaron” a cometer las conductas y actividades ilegales.
Además de la medida cautelar de las firmas cada día 1 y 15 del mes, Lozoya no cuenta con pasaporte o visa, por lo cual no puede salir ni de la Ciudad de México. También se le colocó un brazalete de ubicación y contará con la vigilancia de la Policía Federal Ministerial.
El ex director de Petróleos Mexicanos fue extraditado de España el 17 de julio, y desde entonces ha estado internado en el hospital privado Hospital Ángeles después de que se le detectaron supuestos problemas en el esófago y una anemia aguda. Se espera que se le de de alta en las próximas horas.
Por otro lado, la historia del encumbramiento y la caída de Lozoya ha suscitado que la política nacional tenga más similitudes, al menos para el periodista Julio Astillero, a una serie de televisión.
Para Astillero, la “historia del joven millonario, con una familia exitosa en la política y los negocios que consigue financiamiento sucio para una campaña presidencial, es premiado con un cargo público suculento” y posteriormente cae en desgracia, huye, es encarcelado en el extranjero y devuelto a su país para delatar a la élite política de la que fue parte es digno de “un guion ideal para una serie de televisión”.
De acuerdo con una columna que escribió para el diario estadounidense The Washington Post, el caso de Lozoya “entraña enormes posibilidades para un magno intento de corrección y castigo a los principales responsables de la corrupción terrible y criminal desde cargos públicos, en contubernio (obligado o por voluntad propia) con empresarios de todo nivel”.
En el texto, el periodista refiere que la la extradición de Lozoya fue negociada desde diciembre del 2019 por su padre, el cual fungió como un alto funcionario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, uno de los principales enemigos políticos del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto como su bandera el combate a la corrupción.
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