Una falsa red de trata, la muerte de un indígena detenido arbitrariamente... y Dylan sigue desaparecido

Ha pasado ya un mes desde que desapareció el pequeño Dylan, de dos años y 8 meses de edad, en el Mercado Popular del Sur (Merposur) de San Cristóbal de las Casas, en el estado sureño de Chiapas. Y hasta ahora su madre, Juana Pérez (23), no ha sido informada sobre ningún avance en la investigación.

Ella estuvo en la Ciudad de México, el 21 y 22 de julio, para tratar de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, exponerle su caso y suplicarle apoyo para encontrar a su hijo. López Obrador no la recibió. Pero sí le mandó a decir que estaba ya en contacto con las autoridades chiapanecas y que ya había avances sobre la búsqueda de Dylan. Se los harían saber a su regreso a Chiapas, donde tenía ya una cita agendada con el fiscal del estado, Jorge Llaven. Pero él no llegó. Y de los supuestos avances Juanita no supo nada.

Eso sí, mientras la madre de Dylan estaba en la capital mexicana, la fiscalía chiapaneca informaba que había ya una mujer ubicada como la responsable de la desaparición del pequeño. Se trataba de una tal Ofelia ‘N’. Por su paradero, la dependencia estatal ofrecía una recompensa de hasta 300,000 pesos (unos 15,000 dólares).

A la mujer señalada la ligaban con la supuesta red de trata de menores que la fiscalía habría desmantelado –durante las indagaciones sobre el paradero de Dylan, según informaron el 20 de julio– tras realizar un cateo en una casa ubicada en el barrio Tlaxcala, también en San Cristóbal de las Casas. En ese evento habrían “rescatado” a 23 menores –Dylan no estaba entre ellos– y detenido a cinco adultos. La relación que establecieron con Ofelia ‘N’ fue que ella era hermana de una de las mujeres detenidas.

Llaven Abarca incluso apuntaba a que se trataba de una familia entera dedicada a explotar menores –supuestamente violentándolos y obligándolos a trabajar vendiendo artesanías–, y que estarían detrás de la desaparición de Dylan. “Esta investigación está llevando a una red de tratantes, es una familia completa de hermanas, entonces hablamos de una red, una red familiar de tratantes de menores”, dijo entonces en una de sus declaraciones sobre el caso.

La supuesta red de tratantes es en realidad una familia tzotzil

Las personas aludidas salieron a dar su versión; para nada coincidía con lo dicho por el fiscal. Y así, prácticamente, se cayó el montaje que habría hecho la fiscalía.

Todas las personas que vivían en la casa cateada, donde las autoridades hicieron las detenciones, son originarias de Chictón, una comunidad en el municipio de Ixtapa que se encuentra como a una hora y 20 minutos de San Cristóbal de las Casas. Ahí rentaban una casa y diariamente la familia entera salía a vender artesanías, práctica habitual entre los ciudadanos indígenas de esas zonas.

Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal, A.C. –una asociación que se dedica a la protección de los derechos de la infancia y juventud indígenas–, quien ha acompañado a estas personas en todo el proceso desde que los detuvieron, explicó a Infobae México que, según han dicho los agraviados, todo comenzó con las declaraciones de siete policías –que no han aparecido en público– que denunciaron que se trataba de una familia dedicada a la explotación infantil. Y es que los elementos supuestamente alegaron que vieron al abuelo de los menores subir a una unidad de transporte público con un niño que se parecía a Dylan.

El 15 de julio, mientras trabajaba en la vía pública, fue detenido –prácticamente con engaños– Adolfo Gómez (57). Josefa Sánchez, su esposa, fue ese mismo día a sacarlo de la cárcel; también la detuvieron. Ellos son los abuelos de las niñas y niños supuestamente rescatados. Dos días después, el 17 de julio, la policía realizó el cateo de la casa de ellos y detuvo a dos de sus hijas (María Hortensia y Maribel) y a una nuera (Juana Montejo), además de que se llevaron a los 23 menores.

“Lo que dijo el fiscal es que los policías que están investigando, mientras estaban en el proceso de búsqueda de Dylan, se dan cuenta de que hay niñas y niños que están siendo explotados. Entonces identifican el domicilio y hacen el cateo. Así... para nosotros no tiene ningún sentido”, detalló Haza.

Sin embargo, cuando los familiares de los detenidos preguntaron en la fiscalía por la personas que los señalaron como sospechosos, la fiscalía no les respondió nada.

“Según las denuncias recabadas hubo detenciones arbitrarias”, insistió, entrevistado por Infobae, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). “Es una práctica recurrente en todas las autoridades del país: la discriminación a comunidades indígenas. Cuando necesitan dar un golpe mediático es un recurso muy utilizado, porque particularmente estos pueblos tienen menos posibilidades de litigar y de defenderse”, alertó.

En tanto, familiares de los niños separados de su hogar acudieron a las instalaciones del DIF con actas de nacimiento de al menos cinco de ellos. Aún y con eso no se los dieron. Tres de esos menores los reconocieron como sus familiares. Tampoco bastó con eso.

”La fiscalía no tienen ningún sustento judicial, hasta la fecha, para sostener que hay un delito de trata; para mantener en prisión a las personas detenidas; y tampoco hay justificaciones jurídicas para la separación de los menores de sus familias”, detalló la líder se la asociación Melel.

Además especificó que de los 23 niños que fueron sacados de la casa cateada, 20 están en las instalaciones del DIF y los tres restantes con sus madres en (el penal) El Amate, ya que son lactantes.

Mientras que Juan Martín de la REDIM recordó que, para que la fiscalía actuara como lo hizo, tenía que contar con al menos tres elementos cruciales: las alertas Amber de los menores o denuncias de su desaparición; tener evidencia documentada de los trabajos forzados que se denunciaban; y la certeza de que los acusados no estaban emparentados con los menores. Nada de eso se comprobó.

Además, una mujer que se identificó Ofelia, hermana de Josefa Sánchez, se presentó también ante las autoridades para deslindarse de la desaparición de Dylan.

Uno de los detenidos falleció en la cárcel

Adolfo Gómez, abuelo de los menores y el primero de la familia en ser detenido, apareció muerto en su celda el 27 de julio. La fiscalía, en un primer momento, concluyó que el fallecimiento había sido por suicidio; que Adolfo se había colgado para quitarse la vida.

Sin embargo, cuando entregaron el cuerpo de Adolfo a sus familiares, tenía signos de violencia y tortura: sangre, moretones, incluso una herida en la cabeza. Por esa razón, su familia reclamó a las autoridades por haber mentido sobre las causas del deceso.

“Ya la fiscalía reconoció que fue asesinado por estrangulamiento (...) reconocieron que sí fue homicidio, mientras estaba en la cárcel bajo protección del Estado”, indicó Juan Martín Pérez

Mientras que para Jennifer Haza, este es un ejemplo más de criminalización de la pobreza por parte del Estado. “Nadie entendemos nada. Nos parece que es una tras otra violación a los derechos humanos. Y este fiscal en particular tiene antecedentes de prácticas de tortura, de prácticas de detenciones arbitrarias y pues es el fiscal general del Estado, quien está sosteniendo esta tesis que no tienen ningún sustento ni argumento”.

Infobae México ha insistido con la Fiscalía de Chiapas para saber más sobre ambos asuntos. Hasta el momento en que se escribe este artículo no ha habido respuesta.

Todo este retrato resulta especialmente grave al tomar en cuenta que es el resultado de la búsqueda de uno de los 12,755 niños –según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)– que se encuentran desaparecidos en México.

Desde REDIM hacen un llamado a que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de todo este caso, ya que los esfuerzos de la fiscalía chiapaneca “ahora están en defender la imagen del gobernador, la imagen del fiscal, y tratar de defenderse de los errores evidentes que tiene este proceso”.

¿Y Dylan?... Bueno, él sigue sin aparecer.

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