La tarde del viernes 31 de julio de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia, Yesenia Quiroz (maquilladora) y Alejandra Negrete (empleada doméstica), fueron torturados y asesinados con el tiro de gracia en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Cinco años después, a pesar de que la investigación sigue abierta, la naturaleza del caso y las versiones que han dado las autoridades hasta ahora siguen generando controversia.
Cuando las autoridades se toparon con los cadáveres encontraron que todos tenían una herida de bala en la cabeza hecha con la misma pistola calibre 9 milímetros. Dos de los cuerpos tenían huellas de violencia sexual.
Quienes conocían a Rubén Espinosa, una de las víctimas, dijeron que tenía poco tiempo de haberse mudado a la capital del país. Supuestamente dejó Veracruz porque padeció acosos y amenazas cuando trabaja en el gobierno municipal de Xalapa, debido a una colaboración que hizo con la revista Proceso y que incluía fotografías del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en una cárcel de la capital por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Sin embargo, la línea de investigación que apoyó y siguió la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) del Distrito Federal fue una que asumía que Mile Virginia se dedicaba tanto a la prostitución como al narcomenudeo y que ella fue la que abrió la puerta a los presuntos agresores, quienes según la procuraduría se dedicaban a la venta de drogas.
“La estigmatización desde el principio de una de las mujeres asesinadas, Mile Virginia Martín, como colombiana y, por tanto, desde el discurso oficial, sospechosa de estar ligada al narcotráfico, fue la línea que siguió gran parte del discurso oficial y mediático”, explica el análisis disponible en la Plataforma de la Memoria.
La línea de investigación principal de la PGJDF fue el robo, a pesar de que una inquilina que compartía el departamento con Mile declaró que los delincuentes solamente se llevaron 6,000 pesos. Además, la policía encontró varios objetos de valor en el departamento.
El 4 de agosto de 2015 el procurador Rodolfo Ríos Garza informó que habían sido detenidos tres participantes en el multihomicidio identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas
Los abogados y familiares de las víctimas pidieron a la procuraduría que no descartase un móvil político debido a la labor periodística de Rubén Espinosa, y exigieron la presentación del gobernador de Veracruz ante las autoridades. El 11 de agosto Javier Duarte rindió declaración ante la PGJDF y se deslindó de toda responsabilidad.
Desde el inicio de la investigación, la procuraduría capitalina filtró partes del expediente a ciertos medios de comunicación con la intención de reforzar la versión del robo por droga y descartar otras líneas de investigación.
Además, según un reportaje de Aristegui Noticias, una empresa vinculada con Arturo Bermúdez estaba ubicada a seis minutos de recorrido en auto del departamento de Luz Saviñón, sin embargo, esta información fue omitida en la investigación del caso Narvarte.
De acuerdo con la revista Gatopardo, ni una semana había pasado del multihomicidio cuando reporteros que cubrían la fuente de la PGJDF fueron convocados a una reunión “extraoficial, de amigos, sin cámaras ni micrófonos” con el procurador Rodolfo Ríos. Algunos asistentes, que pidieron el anonimato, contaron que Ríos les pidió que “le bajaran” el tono a sus notas.
De igual forma, el tratamiento de la información se enfocó en Rubén Espinosa por el peso político que implicaba, y las víctimas mujeres pasaron a segundo plano.
Inconsistencias en el caso y arresto de la mano derecha de Duarte
El 28 de enero de 2016, se dio a conocer que el comandante encargado de la investigación del caso Narvarte había contaminado la escena del crimen, al no tener cuidado en la preservación de huellas dactilares. Al día siguiente, se reveló que dos de los implicados (Abraham Torres y Daniel Pacheco) se retractaron de sus declaraciones previas. Ambos acusados solicitaron ampliar su testimonio ante la jueza Silva, señalando que habían rendido declaración bajo coacción
En febrero de 2017, Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, fue detenido por los delitos de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada. Fue ingresado a la prisión del municipio veracruzano de Coatepec.
El 21 de junio de ese año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la fiscalía y al Tribunal Superior de la Ciudad de México, sosteniendo que se violó el derecho a la intimidad y la privacidad de las víctimas al exponerse su información personal, además de que el caso no se manejó con perspectiva de género.
Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de Ciudad de México, le prometió a las familias de las cinco víctimas del Caso Narvarte que iba comenzar la investigación desde cero ahora que se cumplen cinco años del multihomicidio.
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