Opacidad y sobreprecio: los obstáculos que ha enfrentado México en la compra de insumos médicos para coronavirus

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, el gobierno mexicano se ha tenido que enfrentar a diversos males en la adquisición de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria y los más relevantes son la falta de información y el hecho de que algunas de ellas se realizaran a sobreprecio.

“Más de 1,000 millones de pesos gastados no cuentan con información suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos, las cantidades requeridas y los precios unitarios”, reveló un informe del Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO).

Para llegar a esta conclusión, el organismo realizó un análisis a dependencias facultadas a hacer compras durante la emergencia por coronavirus, como la Secretaría de Salud, el Insabi, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El instituto resaltó que en este tipo de compras, las medidas de vigilancia “se relajan” con el fin de que sean rápidas; sin embargo, no olvidó el hecho de que las dependencias están obligadas a transparentas todos los gastos que realicen, lo cual no ha sucedido, pues, aseguró, una buena parte de las compras incumplen con los requisitos mínimos de transparencia establecidos por la ley.

De acuerdo con el informe titulado “¿Compras de emergencia o compras de pánico?”, tanto el ISSSTE como la Sedena “han adquirido equipo médico especializado de empresas con operaciones ajenas al sector salud” e incluso refiere que la primera dependencia “ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar”.

Un ejemplo de ello son los 98 monitores de signos vitales que el ISSSTE adquirió por casi 53,900,000 pesos, es decir, el costo unitario de los equipos fue de 550,000 pesos, mientras que el IMSS, meses atrás, obtuvo productos de características similares por un precio unitario de 93,910 pesos.

Respecto a la relación de productos médicos con empresas ajenas al sector salud, el IMCO refirió que el ISSSTE “adjudicó directamente” la adquisición de 114 bombas de infusión intravenosa, que es un equipo de especialidad médica y quirúrgica, por 7,635,000 pesos a una empresa de seguridad física y control de accesos, entre otras funciones.

Según el organismo, el 26% del monto adjudicado directamente por el IMSS “carece de un fundamento legal que avale su ejecución”. Y es que en los últimos meses ha gastado más de 700,000,000 de pesos, pero no cuenta con la documentación que permita identificar los bienes adquiridos con ese dinero.

Respecto al Insabi, el análisis del IMCO reveló que no existe un registro público disponible acerca de las compras y adquisiciones que realizó el instituto. La única información a la mano es sobre la obtención de insumos como cubrebocas, guantes, ventiladores y medicamentos; sin embargo, los precios, proveedores, procedimiento y contratos adjudicados son desconocidos.

Respecto a la Sedena, la situación es similar, pues hasta la realización del informe del IMCO, únicamente existían datos de dos compras realizadas por la Defensa Nacional por 2,992,000 pesos, pero “no está disponible la información del contrato ni de ningún otro documento que detalle las condiciones de esta compra”.

Por último, el análisis dio a conocer que en el caso de la Semar tampoco se han transparentado los detalles de adquisición de productos en las compras por más de 4,000,000 que realizó la secretaría.

A pesar de las cantidades que se han desembolsado, el informe mostró que el gasto ejercido por las dependencias es significativamente menor si se le comprara con el de 2019, “a pesar de enfrentar una de las mayores crisis de salud en la historia”, pues de enero a junio, el IMSS gastó 13,000 millones de pesos menos que durante el mismo periodo del año pasado.

En el caso del ISSSTE, el gasto ha sido menor en 16,000 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Salud federal ha sido la dependencia que ha gastado menos dinero durante la emergencia de COVID-19, pues sólo ha hecho 117 procesos de compra, con valor de 332,751,041 pesos, lo cual para el IMCO es una limitación en el volumen de adquisiciones.

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