Tras la presión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aceptó su responsabilidad en varias desapariciones ocurridas en la frontera entre México y Estados Unidos en 2018.
La CNDH investigó la desaparición en Tamaulipas de 27 personas “detenidas arbitrariamente y desaparecidas (...) por elementos de la Marina”, de las cuales 12 fueron encontradas sin vida.
Según el informe, los responsables de los crímenes presuntamente secuestraron a personas que conducían o caminaban por la calle e incluso entraron a negocios y residencias sin órdenes de detención o captura antes de llevarse a las víctimas sin mostrar identificación alguna y movilizándose en vehículos oficiales.
La CNDH halló que los reportes oficiales de la Marina sobre algunos de estos hechos también fueron manipulados.
Activistas locales de derechos humanos señalaron que las víctimas pertenecían a todos los sectores de la sociedad: un ama de casa, un panadero, un adolescente de 16 años, entre otros, y que las autoridades pueden haberlos seguido para “hacer obtener información de inteligencia”.
La comisión solicitó a la Marina “reparación integral” para los afectados por las desapariciones forzadas, además de continuar la búsqueda de las otras 15 personas que siguen desaparecidas y la apertura de investigaciones penales.
En un tuit del 21 de julio, la Semar “aceptó” las recomendaciones y se comprometió a mostrar su “compromiso” con la defensa de los derechos humanos. Poco después de que se presentaran las denuncias originales, la Marina declaró: “en todos los casos en los que personal naval sea probable responsable de violaciones a derechos humanos actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y… queda atenta de la resolución que se emita”, según un comunicado de prensa de septiembre de 2018.
En 2018, sin embargo, la Marina había negado la participación “en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, según declaraciones de un líder local de derechos humanos.
Autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012–2018) “habían negado que la Marina hubiese participado en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, dijo a la agencia AFP, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se congratuló por la recomendación de la CNDH.
Tamaulipas, con costas en el Golfo de México y fronterizo con Estados Unidos, es una de las regiones más violentas del país por ser una de las rutas más para el trasiego de drogas.
El gobierno de México tiene registro de 73.201 personas desaparecidas, la mayoría tras una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006.
Desde el inicio de dicha estrategia se han registrado más de 290.000 asesinatos, según cifras oficiales pero sin detallar su vinculación con la criminalidad.
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