Emilio Lozoya fue vinculado a proceso, ahora por el caso Odebrecht, pero seguirá sin ir a prisión

Menos de 24 horas después de su primera vinculación a proceso, Emilio Lozoya, el ex director de la empresa productiva del estado Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue vinculado otra vez a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho, por el caso “Odebrecht”, pero tampoco pisará la cárcel por ahora derivado de esta resolución.

El juez federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, señaló que era competente para conocer y resolver el asunto “en razón de materia y territorio”. “Se puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”, expresó.

Los delitos por los que se vinculó al ex funcionario están sancionados en diversos numerales del Código Penal Federal, y se aplicarán a Lozoya “en su calidad de autor material, de naturaleza dolosa”. Las autoridades además tendrán seis meses para realizar la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a dejar fuera de sus pedidos la prisión preventiva como medida cautelar contra Lozoya, pero solicitó que no pueda salir del país ni de la Ciudad de México. Aunque podrá estar en la capital del país con un brazalete electrónico, mismas medidas que las solicitadas este martes en el otro caso por el que es juzgado.

La defensa aceptó las medidas cautelares y el juez las confirmó, por lo que Lozoya no pisará la cárcel por ahora en ninguno de los casos donde se encuentra imputado. Los abogados del ex funcionario anunciaron que ya entregó su pasaporte y su visa para ingresar a Estados Unidos.

Además, Ramírez Benítez, como ayer su colega José Artemio Zúñiga, al frente del caso de “Agro Nitrogenados”, le solicitó a Lozoya que se presente cada 15 días ante las autoridades una vez que sea dado de alta del hospital donde se encuentra desde su extradición al país el 17 de julio pasado.

El juzgador además señaló que la madre y la la esposa de Lozoya abrieron cuentas para recepción de transferencias ilícitas, así mismo la hermana “se benefició al realizar apertura de cuentas para los depósitos”. “Las tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias”, remarcó.

La audiencia de este miércoles

En su segunda audiencia, por segundo día consecutivo, Lozoya, de 45 años, compareció de nuevo desde el hospital donde se encuentra por ahora, atendido por anemia y otras molestias. El hombre se presentó en el caso “Odebrecht”, donde se lo acusó de recibir sobornos de la empresa brasileña para impulsar proyectos y licitaciones en su favor una vez que estuviera en el poder.

La defensa intentó desactivar la orden de aprehensión para este caso, pero la Fiscalía General de la República (FGR), acompañado de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que formó parte del bando de denunciantes, buscó su imputación por los tres delitos mencionados.

Tanto Lozoya como su defensa reiteraron en sus oportunidades de expresarse durante la audiencia. El ex director de Pemex aseguró que no es “culpable ni responsable de los hechos” que se le imputan. “En el marco de mi compromiso de colaborar con esta investigación, di instrucciones en España para que se agilizaran los trámites de mi extradición, como un acto voluntario de mi parte”, añadió.

Esto, dijo, para cumplir con su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad “o la figura que determine la autoridad”. Además, repitió sus reclamos de que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” con relación a los hechos que se le imputan, prometiendo denunciar y señalar a las personas responsables de estos hechos “y los posibles beneficiarios”.

La defensa, específicamente, insistió en colocar a Lozoya como un “instrumento no doloso en el marco de un aparato de poder”, aunque en esta ocasión agregaron que dicho aparato está conformado por “altas autoridades” del Estado mexicano “que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente se les había concedido”.

Para conseguirlo, adelantaron, su cliente puntualizará “de manera muy clara y contundente sus nombres, los cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisión de los hechos objeto de esta investigación”.

La FGR, por su parte, argumentó que Lozoya “excedió” el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos, a donde trianguló el dinero que recibió de Odebrecht. Incluso, destacaron, el ex funcionario le ofreció a Luis Alberto Meneses Weyll, director de la empresa brasileña en México, un cargo en la administración pública si Peña Nieto conseguía triunfar en las elecciones presidenciales de 2012, como acabó sucediendo.

Además, las autoridades ligaron a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, igual que en el caso de “Agro Nitrogenados”, y ahora también a la madre, Margarita “A”, ya que muchas de las cuentas usadas para recibir el dinero de los sobornos estaban a sus nombres. “Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador (internacional) de campaña presidencial del 2012″, precisaron.

En el caso Odebrecht, como en Agro Nitrogenados, los caminos del dinero condujeron a las autoridades a la adquisición de una casa en Ixtapa Zihuatanejo, una ciudad balnearia mexicana, para el que Lozoya transfirió más de USD 1.3 millones a su madre cuyo origen, remarcaron, era ilícito. “Usted tenía conocimiento de la ilicitud del dinero para las operaciones detalladas”, acusaron.

Además, la FGR se refirió a los pagos que realizó Odebrecht a Lozoya para recibir favores una vez en el gobierno. “Conoció a Meneses Weyll cuando era representante en México y le favoreció para conseguir contratos de obra pública”, expresaron.

Lozoya habría recibido, de acuerdo con la Fiscalía, USD 4 millones cuando era parte de la campaña presidencial de Peña Nieto y USD 6 millones ya como director de Pemex. “Le dijo que en caso de ganar tendría usted un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública”, completaron. Lozoya dirigió Pemex entre diciembre de 2012 y febrero 2016.

Además, lo acusaron de justificar la adquisición del inmueble en Ixtapa ante la Secretaría de la Función Pública “intentando ocultar la naturaleza de la propiedad” que adquirió por contrato de fideicomiso donde incluso estaban sus hijos. Señalaron también que su esposa, a quien debía transferir la propiedad, se alió con un representante legal que había tenido un puesto en Altos Hornos de México, la empresa que también le pagó sobornos a Lozoya en el caso “Agro Nitrogenados”.

Los recursos que habría recibido Lozoya en Odebrecht son de USD 10.5 millones, resultados de sobornos. “Se asoció con su madre, su esposa (Marielle Helene Eckes) y otra persona con el propósito de delinquir, toda vez que su hermana era la propietaria de la cuenta”, manifestaron las autoridades.

Recordaron que un delegado de la FGR en Estados Unidos recibió información de testigos protegidos que informaron del pago de sobornos en diversos países, incluido México, y detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por USD 431 millones en países africanos y latinoamericanos.

Gracias a los USD 10.5 millones, la compañía brasileña se benefició con USD 39 millones por la adjudicación de obras, mientras Lozoya se beneficiaba económicamente en su cuenta de Suiza. Y es que Odebrecht fue un “consentido” en la administración de Peña Nieto, principalmente con una adjudicación directa para acondicionar la refinería de Tula, en 2014, después de eliminar la licitación pública del proyecto.

Como elementos de prueba, recordaron las declaraciones de culpabilidad de Meneses Weyll en una corte de Nueva York y los pagos a las cuentas de las empresas donde era beneficiario Lozoya y parte de su familia. “Violó los códigos de ética de los servidores públicos de Pemex, porque no actuó con probidad ni confidencialidad requerida”, aseguraron.

Lozoya además fue vinculado este martes a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, pero adelantó que colaborará con las autoridades mexicanas para “encontrar la verdad” y no pisará la cárcel por ahora. El juez concedió el pedido de seis meses para el cierre de la investigación contra Lozoya, que tendrá que usar un brazalete electrónico y se presentará ante las autoridades cada 15 días.

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