Radiografía del caso Lozoya por Edgardo Buscaglia: es crucial tipificar sus delitos como “delincuencia organizada”

Hasta el momento, Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido vinculado a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, producto de la compra a sobreprecio de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados –subsidiaria de Altos Hornos de México, cuyo dueño es Alonso Ancira, detenido en España–, durante su gestión frente a la paraestatal.

No obstante no le fue dictaminada prisión preventiva –porque simplemente no fue solicitada por parte de la Fiscalía– sino que solo deberá atender a medidas cautelares como el ser vigilado en el hospital y una vez que salga; portar un brazalete electrónico; no salir del país y entregar sus pasaportes al Reclusorio Norte y presentarse a firmar en dicho lugar cada 15 días.

Eso solo por el caso Agronitrogenados; este miércoles se lleva a cabo la segunda audiencia de Lozoya, ahora por el caso de Odebrecht, el escándalo de corrupción multinacional de mayor alcance en los últimos años, en el que esa compañía brasileña pagó enormes cantidades dinero en sobornos para obtener contratos con empresas de diferentes países. En México fue con Pemex, y los negocios se hicieron con Emilio Lozoya.

La audiencia de este miércoles está planeada para llevarse a cabo de igual manera que la de este martes: de manera remota –el juez desde el Reclusorio Norte, Lozoya desde el cuarto de hospital en el que se encuentra desde que llegó a México– y sin acceso a medios ni al público. Todo eso pese a que el no hacerlo un hecho transparente viola la constitución.

Un grupo de WhatsApp en el que las autoridades informan a los medios de manera puntual todo lo que va ocurriendo en la audiencia, es la única alternativa de acceso que se habilitó.

Para el Dr. Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México (dedicado a apoyar de manera gratuita a víctimas del crimen organizado), es vital que estas audiencias se realicen con completa transparencia a la ciudadanía. En parte porque así lo establece el Código Penal de Procedimientos Penales Mexicanos; en parte porque los mexicanos necesitan comprobar que las cosas se están haciendo como debe de ser.

“Las audiencias deben de ser públicas, porque si el pueblo no observa, no ve justicia, si no huele justicia, no va a creer en la justicia, y menos va a creer en su democracia”

Buscaglia urgió que el juez de control entregue a la ciudadanía el audiovideo de la primera audiencia (ya realizada), para que el pueblo mexicano pueda corroborar lo que, hasta el momento, se ha dicho. Sobre todo, para vigilar la amplitud de las tipificaciones penales, de la investigación y de los actores imputados, según las declaraciones de Lozoya.

“El chat no es un documento oficial, no es una transcripción oficial. Las personas tienen que ver justicia, este es un pueblo sediento de justicia con muy poca fe, o con nada de fe, en sus instituciones oficiales (...) La gente quiere ver justicia. Lo peor que pudieron haber hecho es audiencias iniciales escondidos en un hospital”, reiteró el académico italo-estadounidense, lamentando que sea desperdiciada la oportunidad de que los mexicanos sean testigo del que podría ser “su primer maxiproceso judicial contra una delincuencia organizada de Estado”.

Vital, que sea tipificado como delincuencia organizada

Para el Dr. Buscaglia, quien ha evaluado e interactuando con los sistemas antimafia en México desde 1994, la clave para avanzar en el caso de Lozoya es que los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) sean tipificados como delincuencia organizada, con el lavado de dinero como delito precedente.

“Normalmente esa colaboración y esos señalamientos derivan en una red criminal. Y para imputar a una red criminal, más allá de una sola una persona, de acuerdo a la oferta de colaboración del mismo Lozoya, hay que tipificar delincuencia organizada y aplicar la técnicas de investigación más avanzadas, para poder identificar a los empresarios, fideicomisos, empresas pantallas en numerosos países, políticos mexicanos que presuntamente pudieron haber recibido sobornos”.

El experto advirtió que de no clasificar los delitos del exdirector de Pemex como delincuencia organizada, se corre el riesgo de caer en casos como los del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuyos delitos fueron calificados como asociación delictuosa solamente –un tipo penal que implica una pena mucho menor a la de delincuencia organizada, así como menor esfuerzo en investigación–, limitando gran parte de los alcances que su caso podía llegar a tener.

“Una persona como Duarte al cual se le acusaba de desviar más de 8,000 millones de pesos (400 millones de dólares), termina siendo multado por 4,000 dólares. Entonces se tiene que evitar esta misma situación, ya que los precedentes del Estado mexicano son de terror, en cuanto a la disfuncionalidad de la justicia. La experiencia internacional indica que cuando hay casos como el de Lozoya se otorgan beneficios procesales a su colaboración, pero no quiere decir que no tenga sentencia penal. La colaboración efectiva y amplia puede llevar a la red criminal de políticos y empresarios, mexicanos y extranjeros, que estuvieron involucrados, de la misma manera que lo hizo –por ejemplo– Brasil”, subrayó.

Además, Buscaglia insistió en que resulta vital que los delitos de Lozoya realmente sean considerados como delincuencia organizada ya que es la única manera, subrayó, en que México puede tener garantizada la cooperación de otros países en la investigación por el desvío de millones de dólares, así como el retorno de esos recursos.

Y es que, según explicó a Infobae el experto, México cuenta con el respaldo de la convención de la ONU contra la delincuencia organizada, misma que ratificó en el año 2000, y para poder tener de regreso el dinero desviado a cuentas en otros países, apuntó, se requiere la cooperación de otros gobiernos que solo se apegan a esa convención.

“Si esta investigación no es por delincuencia organizada, esto va a conllevar a mucha impunidad y la red criminal va a seguir funcionando en el exterior”, advirtió.

La colaboración de Lozoya

En su primera audiencia, la de este martes, Emilio Lozoya le comunicó al juez que, por las investigaciones en su contra, fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”. Además, reiteró a las autoridades de justicia que denunciará y señalará a los autores de tales hechos, al tiempo que refrendó su intención de colaborar con la justicia en estas indagaciones.

Para Buscaglia resulta preocupante la posibilidad de que esa “intención de colaborar” haya sido negociada previo a su extradición, indicando que este tipo de acciones son características de los “gobiernos mafiosos” que ya han fracasado en México.

“Él (Lozoya) renunció al juicio de extradición, con lo cual uno puede tener la sospecha de que hubo una negociación previa (...) espero que no sea así, porque ese es el tipo de negociaciones que llevó a México a estar postrado en una mar de sangre y en una orgía de corrupción descontrolada. No debe de ser la manera de actuar de un gobierno popular elegido legítimamente como el del presidente López Obrador, ni la de una fiscalía autónoma que recién nace”, advirtió el también académico senior de la Universidad de Columbia.

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