La reforma de pensiones presentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es indispensable, pero resulta insuficiente, pues excluye a los trabajadores que carecen de seguridad social, señaló la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
De acuerdo con el reporte del Observatorio de Trabajo Digno, antes de la pandemia por coronavirus, el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), 32 millones de personas, carecía de afiliación a la seguridad social y al sistema de ahorro para el retiro (SAR). Además, el sistema de pensiones no incluye a quienes están desempleados, así como a mujeres que realizan trabajos domésticos y de cuidados.
El pasado miércoles 22 de julio, durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dio a conocer la reforma al sistema de pensiones mediante la que se busca aumentar la pensión que ofrece el SAR a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y evitar una crisis futura.
Las principales modificaciones que contempla esta iniciativa es la reducción de 1,250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada para las primeras generaciones. Adicionalmente, las aportaciones aumentarán de 6.5 a 15%, siendo la patronal la que absorba el incremento al pasar de 5.15% a 13.87 por ciento.
Sin embargo, la investigación acusa al sistema laboral en México de producir una dualidad formal/informal que despoja de sus derechos a los trabajadores en el país. “Además, de la carencia de seguridad social que constituye la “marca distintiva” de un sistema laboral excluyente, los datos muestran que la mayoría trabaja sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas, es decir, para mantenerse a sí mismas y a otra persona más.”
Aunado a esto, destaca la organización, está el problema de que la mayoría de las personas que tienen un empleo asalariado y subordinado carecen de contratación estable y de organización sindical para exigir al patrón el respeto a sus derechos. El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, señaló:
La pandemia por COVID-19 ha evidenciado otros problemas derivados de la dualidad formal/informal, pues el acceso a servicios de salud depende del trabajo. “Esta emergencia sanitaria es buen momento para asumir cabalmente que la salud es un derecho humano, y que por tanto no puede seguir amarrada al contrato laboral como si fuera una prestación, porque hay millones de personas que trabajan y carecen de seguridad social, urge romper esa cadena y crear un sistema de salud universal, sin segregación” añadió Gómez Hermosillo.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, aplaudió que organismos empresariales hayan aceptado incrementar sus aportaciones para las pensiones; no obstante, advirtió que dicho aumento puede “complicar la generación de nuevos empleos y la recuperación de los millones de trabajos perdidos en esta pandemia.”
En este contexto, la organización de la sociedad civil propone “romper el cordón umbilical entre salud y trabajo, como un primer paso para construir el primer pilar de un sistema universal de protección social”.
Como parte del sexto reporte del Observatorio de Trabajo Digno, con datos del primer trimestre de 2020, se encontró que el 99.9% (12.4 millones) de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; de estos, el 74% (8.2 millones) no tiene suficientes para adquirir dos canastas básicas (para mantenerse a sí mismos y a una persona más).
Adicionalmente, se identificó que el 42% (15.2 millones) de quienes tienen empleo asalariado tampoco cuentan con seguridad social, de los cuales, el 56% no tienen ingreso suficiente para comprar más de dos canastas básicas.
Asimismo, se reportó que el 87% de quienes tienen empleo asalariado carecen de organización sindical para su defensa y organización colectiva. Antes de que la pandemia por coronavirus irrumpiera en el país, 18.9 millones de personas con un trabajo asalariado carecían de contratación estable, más de la mitad del total (53%).
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