Líderes de la comunidad muxe comenzarán a documentar los crímenes de odio que se cometan en su contra en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ya que consideran que las instituciones del gobierno no han presentado avances en las investigaciones de los delitos. Denunciaron que tampoco existen protocolos de actuación.
La activista Amaranta Gómez Regalado, quien encabeza la organización civil TRANSformándome: inclusión social y derechos humanos, informó que el trabajo de rastreo será posible gracias a los equipos de cómputo de Mexfam y Arcus Foundation.
En una conferencia de prensa virtual, la activista señaló que durante los últimos 17 años, por lo menos 15 muxes han sido asesinados en la zona. Es un delito que no está tipificado como transfeminicidio.
Los muxes son considerados como un tercer género: no son hombres ni mujeres. Esta tercera clasificación ha sido reconocida y celebrada desde la era prehispánica. Son personas nacidas como hombres pero que se visten y se comportan en formas que son comúnmente asociadas con las mujeres.
Gómez Regalado puntualizó que las estrategias de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para atender estos crímenes son inexistentes, además de que no se tiene un protocolo para dar seguimiento a los delitos. Sin embargo, sí existe un área especializada con este propósito.
La activista recordó el caso de Óscar Cazorla, un líder emblemático de la comunidad muxe que fue asesinado en febrero de 2019 y cuyo homicidio no ha sido solucionado por las autoridades. Consideró que la elaboración de un “formato de datos” podría ayudar a visibilizar esta problemática que empeora debido a la violencia generalizada.
Líderes muxes en una decena de municipios en el Istmo de Tehuantepec, conocidos por su trabajo de orientación en temas de no discriminación, derechos humanos, y salud y sexualidad, estarán a cargo de la documentación y el seguimiento de grupo de trabajo.
El asesinato más reciente ocurrió en abril de este año, cuando Óscar, de 28 años, fue baleado en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, demostrando que la pandemia por COVID-19 no ha frenado los actos de violencia, la exclusión, y la discriminación.
Este viernes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que las terapias de conversión o Ecosig, que pretenden “reconvertir” a homosexuales en heterosexuales, sean consideradas como delito al atentar contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual.
Con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el Pleno dio luz verde a las modificaciones a las reformas al Código Penal DF que tipifican como delito las terapias que presuntamente “curan” a las personas de la comunidad LGBTTQ+.
Dicho dictamen aprobado en sesión extraordinaria virtual contempla la reforma del artículo 206 bis al código penal local para sancionar actividades que vayan contra la libre autodeterminación en materia de género. Este delito será perseguido por querella, es decir tras una denuncia ante un juez.
Esto puede ser tanto para quien imparta u obligue a otra persona a recibir terapia de conversión. En caso de que la terapia fuera impartida de un menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o persona que no tenga la capacidad para resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.
La sanción que se contempla para este delito va de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.
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