México acumula desde 1964 a la fecha más de 73,300 personas desaparecidas y 3,978 fosas clandestinas, de acuerdo con el informe que se actualiza diariamente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sin embargo, durante el seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró que no es la única cifra que se debe tomar en cuenta.
“Hay que tomar en cuenta que no solo son 73,300, sino más de 178,230 personas que han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas (más de 90,000 localizadas)”, detalló.
La señora Rosalía Castro, madre de Roberto Carlos, un policía federal que no aparece desde el 2011, también participó en el foro y dijo que es preciso tomar en cuenta la cifra negra de las personas que no denuncian.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno de López Obrador aborda de forma distinta la problemática.
“Hay que decirlo, se pretendió durante mucho tiempo minimizar e invisibilizar este problema. Eso lleva a otro problema, clasificaron los delitos de manera distinta, no en todos los casos se acreditan como desaparición sino como secuestro o privación ilegal de la libertad”, destacó el funcionario.
Sin embargo, la cifra de personas desaparecidas puede variar, reconoció el subsecretario Encinas, porque algunas fiscalías del país no han terminado de revisar y depurar la información.
Jalisco (occidente de México), es el estado con más reportes de personas no localizadas con más de 2,100 casos. Desde hace tres años en esa entidad hay una disputa interna en el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más fuertes del país.
En la presentación del Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas, Encinas precisó que desde diciembre de 2006, cuando comenzó la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se inició una guerra abierta contra la delincuencia, se han encontrado 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos.
Los estados que registran mayor número de fosas son Veracruz , Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57% de las fosas de todo el país.
“La juventud se está desapareciendo”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP), Karla Quintana. Detalló que la mayoría de las 73,300 personas reportadas como desaparecidas hasta este 23 de julio eran jóvenes que no superan los 31 años de edad.
También señaló que la CNBP tiene la hipótesis de que, la violencia familiar y las redes de trata de personas están estrechamente ligadas a que sea mayor el número de mujeres menores desaparecidas.
En lo que va de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 50 acciones indagatorias en 21 entidades del país a pesar de la emergencia sanitaria, principalmente en las regiones de Guerrero, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.
Desde diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman casi 28.000 nuevas denuncias de desapariciones, casi 45% de todas las ocurridas en 14 años.
El Gobierno reiteró que ese aumento por sus esfuerzos por visibilizar el fenómeno, que anteriores administraciones trataron de ocultar.
Un caso ejemplar es el de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que desaparecieron en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero (sur).
Fueron atacados por policías en patrullas de varios municipios cuando viajaban en cinco autobuses ocupados hacia una manifestación anual en la capital, que conmemora la masacre de universitarios de 1968 en la Plaza Tlateloclo.
Hace solo dos semanas, las autoridades lograron identificar plenamente, en un laboratorio forense de la Universidad de Inssbruck, Austria, los restos de un estudiante, Christián Alfonso Rodríguez.
Ese hallazgo llevó al fiscal Alejandro Gertz a reabrir la investigación, revirtiendo una versión de su antecesor, Jesús Murillo, quien proclamó una “verdad histórica” sobre el caso que se ha derrumbado.
Ese relato hablaba de un grupo de narcotraficantes que habría recibido a los estudiantes secuestrados: los asesinaron, incineraron sus cadáveres en un basurero y lanzaron las cenizas a un riachuelo de Cocula, pueblo vecino de Iguala.
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