“Se sale de los límites de la Constitución”: oposición y expertos coinciden sobre militarización de aduanas y puertos

No se ha cumplido todavía ni una semana del sorpresivo anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que precisó que el Ejército y la Marina intervendrían en la administración , así como en la vigilancia de aduanas y puertos en México. Sin embargo, las consecuencias se han esparcido por todo el espectro político como una onda expansiva.

El movimiento, que empoderó a unas Fuerzas Armadas con cada vez más responsabilidades en la actual administración, generó reacciones y acciones en todas las esferas del gobierno. Fue rápidamente señalado como “inconstitucional” por la oposición legislativa y por expertos jurídicos.

“Se le dan a autoridades militares tareas que no les corresponden, que deben ser de autoridad civil. Esto le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, aseguró a Infobae México el abogado por la UNAM Javier Martín Reyes.

“Tan le corresponden a la SCT que acabamos de ver una renuncia en el gabinete, hay que decirlo, muy digna”, añadió. Este jueves, López Obrador confirmó la renuncia del titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú.

En su carta de despedida, JIménez Espriú fue inequívoco. “El motivo, que le expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar el ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentes civiles de los puertos, de la marina mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970″, le expresó a López Obrador.

“Han habido muchas decisiones polémicas en la administración, pero hay líneas rojas que no se pueden rebasar. Los argumentos del gobierno son poco convincentes y esto por desgracia se inserta en una tendencia de más largo aliento, donde se ve la paulatina militarización de funciones civiles”, explicó Reyes.

El experto se refirió a las razones por las que López Obrador tomó la decisión de militarizar las aduanas y los puertos del país, de las que el mandatario había indicado hace algunos meses eran un “monstruo de 100 cabezas”. El tabasqueño esgrimió que había un “mal manejo”, lleno de corrupción y contrabando, sobre todo relacionado con narcóticos y crimen organizado.

Ya López Obrador había realizado un cambio en la cabeza de la Administración General de Aduanas. Si el sexenio comenzó en 2018 con Ricardo Ahued al frente de la dependencia, la llegada de Horacio Duarte a principios de mayo serviría, en palabras del presidente, para “limpiar las aduanas”.

Pero la administración federal tomó un paso más la semana pasada. Uno que coincide con lo que ha hecho López Obrador durante su gobierno, de acuerdo con Reyes. El experto recordó que las Fuerzas Armadas ya tienen la responsabilidad de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, una de las obras seminales del sexenio.

Pero, además, el gobierno decretó a mediados de mayo la participación de las mismas Fuerzas Armadas en labores permanentes de apoyo en seguridad pública en el país hasta 2024, es decir, durante el resto de su mandato, activando así el artículo 5 Transitorio que se aprobó durante la creación de la Guardia Nacional. La constitucionalidad de este movimiento se decidirá en la Suprema Corte.

“Puede haber otras razones”, reconoció Reyes, en cuanto a la decisión de militarizar aduanas y puertos. “Sobre todo de carácter político o de pragmatismo, pero la decisión se sale de los límites de la Constitución”, sentenció.

El abogado de la UNAM y politólogo por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) recordó lo que enuncia el artículo 129 de la Constitución mexicana: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

“Es muy claro, los militares y marinos no pueden desempeñar ningún tipo de acción que no esté estrechamente vinculada con lo militar”, explicó. “La Constitución es muy clara al acotar los supuestos”, finalizó.

El mismo artículo fue usado por la oposición para mostrar la inconstitucionalidad de la decisión de López Obrador, pero también citaron otras partes de la ley. “El artículo 90 establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal y conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso y que se distribuirá”, indicó en conferencia de prensa Julen Rementería, senador del PAN (Partido Acción Nacional).

Además, el legislador también precisó que los artículos 31 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen las atribuciones con perfecta claridad para la Secretaría de Hacienda y para la SCT.

Sin embargo, ni Reyes ni Rementería quisieron ir más allá con respecto a las acciones que se podrían tomar para intentar impugnar la decisión del presidente, como si se consiguió hacer, a través de amparos individuales y de controversias constitucionales, con el decreto para mantener al Ejército en labores de seguridad pública.

“La declaración del presidente no es precisa en cuanto a sus alcances, si se refiere exclusivamente en cuanto a seguridad, esto ya se encuentra contemplado, en el caso de los puertos es a través de la Secretaría de Marina, y para las aduanas por conducto de la Guardia Nacional”, explicó Rementería.

“Si la intención del Ejecutivo es la participación de las Fuerzas Armadas permanente en labores administrativas, debe saber que dichas tareas son ajenas a su función, esas son exclusivas de las autoridades civiles”, remarcó.

Para evitar caer en violaciones a la Constitución, el senador invitó al gobierno federal a que denuncie cualquier irregularidad ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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