El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la renuncia de Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), debido a un “diferendo”; sin embargo, las salidas de funcionarios se ha convertido en una situación recurrente durante su administración de poco más de año y medio.
Según el mandatario, ambos tuvieron desacuerdos respecto a la operación de los puertos, pues el ingeniero Jiménez Espriú sostenía que debían de ser manejados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que el titular del Ejecutivo sostenía que debían estar bajo el cargo de la Secretaría de Marina.
“Creo que por la circunstancia actual, por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas, y últimamente por el contrabando y droga, necesitamos además de buena administración, de seguridad y de protección en los puertos. Por ese motivo se requiere del apoyo de la Marina”, señaló.
Además de esta problemática, otros elementos que incitaron la renuncia de Jiménez Espriú, de acuerdo con una columna del periodista Ricardo Raphael, son que en diferentes proyectos su responsabilidad como secretario fue subordinada a mandos militares, tales como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y un tramo del Tren Maya.
No obstante, éste no ha sido el único caso de un funcionario que renuncia por diferencias con el presidente. El 10 de julio de 2019, Carlos Urzúa publicó una carta donde explicó que “han habido muchas” discrepancias en materia económica, algunas de ellas, detalló, “porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.
En ese sentido, el ex secretario de Hacienda se dijo “convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.
Aunado a ello, precisó, “me resulto inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”, lo cual dijo haber sido motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.
El 21 de mayo de 2019, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, se bajó del barco de la 4T, debido a las diferencias presupuestarias que se suscitaron con la SHCP. Mediante una carta difundida por el propio Instituto, Martínez cuestionó las políticas de austeridad republicana y señaló a Hacienda de incidir de manera “perniciosa” en su trabajo.
Para marzo 2020, con el argumento de que haber padecido una abrogación de funciones por parte de la secretaria del Bienestar, Maria Luisa Albores, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y encargado del programa Sembrando Vida, Javier May, renunció a su cargo.
En meses recientes, otras tres funcionarias renunciaron a sus cargos en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), acrecentando así las bajas que ha sufrido la 4T.
La primera dimisión fue la de la presidenta del Conapred, Mónica Maccise Duayhe, después de las críticas que recibió el organismo por convocar a un foro sobre racismo y clasismo en México, al cual había sido invitado el youtuber Chumel Torres. El principal señalamiento fue por parte de Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente.
Después se difundió que Asa Cristina Laurell, había renunciado a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, por desacuerdos con el titular de la dependencia, Jorge Alcocer, y en específico por la pretensión de desaparecer el área.
La ex funcionaria se encargó desde el inicio de la administración de hacer el diagnóstico de las condiciones en que se encontraban los servicios médicos en los estados de la República y determinar las necesidades por cubrir.
Cabe mencionar que Asa Cristina Laurell se desempeñó como secretaria de Salud en el entonces Distrito Federal, durante el periodo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno.
Por último, Mara Gómez Pérez también presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), después de seis meses de haber llegado a ese cargo.
Su salida se dio mientras familiares de víctimas de la violencia en México mantenían un plantón a las afueras de Palacio Nacional exigiendo que validaran sus derechos. Asimismo, su renuncia fue en el contexto del recorte presupuestal del 75% a las dependencias federales, incluida la suya.
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