Alonso Ancira, el próximo objetivo de la cruzada anticorrupción de López Obrador

Luego de la llegada a México del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya y su colaboración para dar nombres de los funcionarios corruptos durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora tendría en la mira otra extradición relacionada con Lozoya Austin: la del empresario acerero Alonso Ancira, quien se encuentra en España.

Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHM) está como co-acusado de Emilio Lozoya en la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados (propiedad de Ancira) por la que Pemex habría  pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, Ancira no sólo es pieza clave para el “maxiproceso” que busca armar la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de la información que aporte Lozoya Austin en contra de varios personajes de la política mexicana, sino también el vínculo que puede conectar al ex presidente Carlos Salinas con toda la trama de corrupción.

García Soto destacó que además, hay otro elemento político por el que el gobierno de la Cuarta Transformación quiere traer al llamado “Rey del acero”. El pasado 10 de marzo, durante la vista judicial de su juicio, Ancira Elizondo criticó fuertemente a López Obrador al que calificó como “un mitómano del tamaño de Hitler” al tiempo que pidió no ser extraditado a México porque “es un país sin leyes” además de que dijo ser “víctima y un daño colateral” de la intención del presidente para golpear al gobierno anterior.

Las palabras de Alonso Ancira a los magistrados de la Audiencia Nacional Española -asegura el periodista-, fueron tomadas como un reto para el gobierno de la Cuarta Transformación que hoy tiene como prioridad extraditarlo y hacer que responda en México ya no solo por los 500 millones de dólares que pagó Pemex por la planta de fertilizantes chatarra, sino por otras demandas y acusaciones que le están preparando para intentar sumarlas a las causas de extradición.

Una de estas -asegura el columnista- son los 1,500 millones de pesos que adeuda Ancira a la federación por la falta del pago de agua de sus empresas, de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incluso de deudas con el SAT. García Soto asegura que la cuenta y los detalles están en manos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en donde ya analizan la forma de sumar esas demandas por incumplimientos de pagos al proceso que se sigue en contra del empresario acerero.

Pero además, a Ancira le han surgido nuevas denuncias como la que interpuso el Sindicato de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que lidera el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

El 3 de diciembre de 2019, cuando Ancira estaba preso en España, el abogado del sindicato minero, exigió al Director Corporativo de Relaciones Industriales de Altos Hornos de México, Enrique Rivera Gómez, el pago de cuotas sindicales que la empresa había retenido a los trabajadores y que no había entregado al sindicato.

En total le reclamaban un adeudo de 372 millones 636 mil pesos por concepto de esos pagos sindicales. Como no fueron pagados en dos meses después del requerimiento (en febrero) se presentó una denuncia en contra de Altos Hornos y de su principal accionista Alonso Ancira Elizondo y contra Enrique Rivera Gómez, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación  CI-FDF/T/UI-1 S/D/0069/02-2020, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

El periodista destacó que la próxima semana se exhibirán las pruebas de la parte denunciante, consistente en el dictamen contable que acredita los adeudos de cuotas sindicales de Ancira y Altos Hornos.

De esta manera y con la ayuda de Emilio Lozoya -señala García Soto- el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propone traer a Alonso Ancira quien adquirió la principal acerera del gobierno en 1991, cuando fue privatizada por Carlos Salinas de Gortari y cuya cercanía personal y familiar siempre fue presumida por el propio Ancira que ha gozado desde entonces de la protección del ex presidente que lo recomendó e impulsó en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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