El lunes recibí un mensaje que asegura que el partido Morena busca reformar el Código Civil de la Ciudad de México y con ello, atentará contra el derecho de propiedad para ganar votos.
“¿Se acuerdan de la iniciativa de reformas al Código Civil en materia de vivienda en renta? Ya está abierto el foro de consulta ciudadana. A votar por el NO”, dice el mensaje.
¿Quién quiere que le caigan 200 invasores, le congelen los pagos de la renta o que no le den depósito de seguridad? Nadie!
Pero, ¿y el derecho a tener un vivienda digna?
Esta misma semana, Animal Político publicó el caso de una familia que no podía pagar mil 500 pesos de renta y su casero decidió echarlos del cuarto que les alquilaba. Los dos adultos y dos menores comenzaron a vivir en las calles.
Evidentemente, asusta que te digan que te van a dejar de pagar la renta del departamento que compraste con todos tus ahorros, pero ¿y si la historia fuera al revés y te sacaran del espacio que rentas porque ya no tienes trabajo?
Una reforma al Código Civil de la Ciudad de México parece la solución más lógica, pero enciende las alarmas de quienes temen lo peor de este gobierno.
La respuesta es un punto medio: defender el derecho a la vivienda de quienes pasan por un momento susceptible, sin poner en riesgo la propiedad.
En Vancouver, Canadá, donde 53 por ciento de la vivienda se renta, de acuerdo con datos del Canadian Rental Housing Index, el gobierno local emitió medidas para defender a los inquilinos durante el estado de emergencia.
Entre las disposiciones que se aplican está que los arrendadores no puedan finalizar contratos y los propietarios que tengan órdenes de desalojo preexistentes no puedan ejecutarlas. Además, los caseros tienen prohibido incrementar las rentas y poner en marcha desahucios por falta de pago.
El estado de emergencia empezó el 30 de marzo y termina el 21 de julio en la provincia de British Columbia, donde se ubica Vancouver, por lo que estas medidas son temporales, no se cambió ninguna ley, ni se afectará la propiedad a largo plazo. Se emitieron lineamientos, que funcionarán por un tiempo limitado, para evitar que centenares de personas terminaran en la calle.
Esa, desde mi punto de vista, es la respuesta que el Gobierno de la Ciudad de México debería dar.
Los activistas a favor del derecho a la vivienda que promovieron la reforma del Código Civil, así como las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres, podrían redirigir sus esfuerzos hacia medidas menos invasivas y apostar por una opción que sea aplicable en el corto plazo.
*Periodista de negocios.
Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio.
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