Luego de casi 23 años de la Masacre de Acteal, uno de los hechos más lamentables que marcaron al estado de Chiapas y que conmocionó al país, este viernes la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que se firmará un acuerdo con el objetivo de instrumentar acciones para la reconstrucción del tejido social en la localidad y las comunidades aledañas.
Así lo informó la dependencia a través de un comunicado en redes sociales:
La Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y el vocero de un grupo de víctimas de la masacre de Acteal, Patrocinio Hernández Gómez, acordaron firmar un Acuerdo de Solución Amistosa devenido del informe de admisibilidad dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Según el comunicado, será el próximo jueves 3 de septiembre cuando se firme dicho acuerdo, fecha en la que también se celebrará un acto de reconocimiento del Estado mexicano por los hechos que dieron lugar a la muerte de al menos 45 indígenas tzotziles en un campamento de desplazados en Acteal, en el municipio de Chenalhó.
Entre los miembros que contribuyeron para llegar a este acuerdo están Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Gobierno del estado de Chiapas; Aarón Mastache Mondragón, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, representante peticionario de las víctimas ante la CIDH.
Por su parte, el Concejo de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal, representantes de las víctimas, emitieron unos minutos después un pronunciamiento donde señalan que, con dicho acuerdo, finalmente el Estado Mexicano decidió hacer efectivo el reconocimiento de responsabilidad pública por la Masacre.
Desde el Concejo de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal vemos que en este acuerdo afirma que en todo momento las víctimas sobrevivientes tenían la razón, decían la verdad y falló la versión oficial formulado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León que mantuvieron hasta la administración de Enrique Peña Nieto en el que sostienen que la Masacre de Acteal fue un conflicto intercomunitario y que no tuvo nada que ver el estado mexicano
Además, sostienen que con ello se permitirá que de manera gradual el Estado mexicano repare el daño causado en contra de la vida e integridad de los sobrevivientes de Acteal “para que ya no sigan más en el olvido y en el abandono”.
La madrugada del 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tzotziles de la organización “La Abejas”, rezaba en la iglesia local cuando un grupo de paramilitares los atacó. Durante seis horas el grupo armado se dedicó a asesinar a los miembros de la comunidad, dejando un saldo de al menos 18 niños, 22 mujeres y seis hombres.
Su muerte despertó la indignación local e internacional, pues la versión oficial atribuyó la masacre a disputas entre grupos locales. Sin embargo, las comunidades de la zona denunciaron como responsables a grupos de priistas armados y entrenados por paramilitares.
Ante la falta de explicaciones, 10 presuntas víctimas de Acteal demandaron en septiembre de 2011 al ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) ante una Corte Internacional por su posible responsabilidad en el caso.
En 2012, Estados Unidos concedió inmunidad diplomática al ex mandatario priista, quedando protegido frente al posible resultado negativo de la demanda presentada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
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