El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) difundió un oficio en el que solicita formalmente a sus funcionarios, que se encuentren en cargos desde subdirector a Presidente, que realicen aportaciones voluntarias siguiendo los preceptos de Austeridad Republicana.
En el documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se proporciona una clave, referencia y cadena de dependencia por medio de las cuales los servidores públicos podrán hacer sus aportaciones voluntarias. Esta determinación también contempla “órganos administrativos desconcentrados, a la Oficina de la Presidencia de la República, a los Tribunales Agrarios y a las entidades paraestatales”.
El porcentaje que podrán aportar va de 5 a 25% dependiendo del puesto que tengan. Para ello se consideró sus sueldos y salarios mensuales netos. En total son ocho niveles y el que tiene el porcentaje más alto es el Presidente de la República.
Además, los funcionarios que quieran realizar dicha transacción podrán hacer también la ventanilla bancaria o en el portal de internet de la banca en línea.
De acuerdo con Reforma, el esquema de porcentajes se estableció de la siguiente forma: el presidente podrá entregar 25% de su salario, un secretario de Estado; 23%; los subsecrrtarios, oficial mayor o cualquier puesto similar podrán dar 21%, los jefes de unidad, 19%; director general, 17%; director adjunto 14%; director de ´rea 10% y subdirector de área 5%.
El decreto por medio del cual se dio a conocer esta determinación fue publicado el pasado 23 de abril en el Diaro Oficial de la Federación (DOF) y se implementará de manera progresiva hasta que termine su vigor el 31 de diciembre de este 2020.
Por otro lado, el decreto informa que ningún funcionario será despedido, pero tampoco se incrementará al personal del gobierno. Sin embargo, uno de los puntos que causó más revuelo fue que los funcionarios de la actual administración “no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica desde el subdirector hasta el presidente”.
Sin mencionar cuáles, el documento señalaba que 10 subsecretarías serían canceladas, pero que a quienes ostentan el cargo tendrán una garantía de empleo en el mismo cargo que dejarán.
Otras de las medidas que serán implementadas con el objetivo de mitigar los efectos económicos de la actual pandemia por coronavirus son que las acciones y gastos de gobierno también se pospondrán, a excepción de los programas prioritarios. Estas medidas, según el decreto, permitirán “fortalecer el blindaje de los iniciativas sociales y proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”. Los proyectos clave son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto General Felipe Ángeles.
Se acordó que fuera la Secretaría de la Función Pública (SFP) quién se encargara de vigilar el cumplimiento de los puntos señalados en la iniciativa. Esto sin que se afectara la operación sustantiva de cada una de las dependencias federales.
Las instituciones que quedaron excentas de estas medidas son la Secretaría de Salud, la de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional porque sus actividades son consideradas esenciales para la emergencia sanitaria que hasta el corte del 16 de julio ha registrado 37,574 decesos, 324,041 casos confirmados acumulados y 48,857 contagios activos del nuevo coronavirus.
Las ciudades que registran un mayor número de contagios acumulados son la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Puebla. mientras que Colima, Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit tienen los menores números en contagios.
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