El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, llegó a México en calidad de extraditado desde España para enfrentar a la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, durante su gestión al frente de la dependencia.
Para amortiguar su situación jurídica, la estrategia de Lozoya se basa en el criterio de oportunidad, estipulado en el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales y en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el tipo de delitos que se le acusa a Lozoya, la forma en la que será aplicado el criterio de oportunidad se desarrolla en el punto V del Código referido y señala que esta figura jurídica se aplicará:
Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio
Esta figura jurídica esta presente en países como Perú y Brasil, donde las colaboraciones de esta naturaleza han sido utilizadas para casos como Odebretch.
Por otro lado, el especialista Álvaro Vizcaíno señaló en entrevista con El País que dependiendo del tipo de acuerdo al que llegue Lozoya con el gobierno federal, este podría, incluso, quedar en libertad.
También detalló que el criterio de oportunidad es comúnmente utilizado en casos de delincuencia organizada, pero que muchas veces los acuerdos no son públicos. Además, informó que las penas privativas de la libertad pueden reducir hasta en una tercera parte de la condena.
Un caso conocido de estos acuerdos fue el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en 2018 cuando aceptó la culpa por lavado de dinero y asociación delictuosa.
El periódico Reforma informó hace día que el ex titular de Pemex tendría en su poder unos 12 videos con 16 horas de contenido audiovisual que inculparían a varios funcionarios públicos que supuestamente aceptaron sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto.
Con esto podrían asentarse los lineamientos para el acuerdo entre la FGR y Emilio Lozoya para que este pueda gozar de beneficios en su situación jurídica.
Pero, para llegar a ese punto, es necesario que se concluya primero con el proceso de extradición, para brindar la continuidad al proceso de los jueces federales. Es por eso que a la llegada de Lozoya Austin, este tuvo una revisión médica en uno de los módulos del hangar de la FGR. Donde también se le notificará su estatus legal y serán ejecutadas las dos órdenes de aprehensión que fueron emitidas en su contra.
De acuerdo con Animal Político, la clave de este proceso es el tipo de información que pueda brindar, de ella depende las concesiones a las que pueda acceder, tanto él como su familia.
Organizaciones como TOJIL: Estrategia contra la Impunidad y Transparencia Mexicana, enfocada en este tipo de casos, aseguraron al medio que es importante que Lozoya sea transparente durante su proceso y que se respete la publicidad de las audiencias. “Todos tenemos que conocer los alcances. Y no con acuerdos bajo la mesa como pasó con Duarte”, aseguraron.
Otra consideración fundamental para el proceso es que Emilio Lozoya no podría acusar a su subalternos, más bien, tendría que señalar a personas con un cargo jerárquico mayor. Los nombres más sonados para dichas acusación son el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.
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