Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), será llevado ante la justicia y dentro de prisión, tendría compañeros de celda que le podrían resultar familiares.
En caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite la prisión preventiva como medida cautelar, el economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) será confinado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, lugar donde se ‘hospedan’ dos figuras importantes que tuvieron algún tipo de relación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La primera es Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien cumple una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. El otro personaje es Juan Collado, conocido por ser abogado defensor de militantes del PRI, quien enfrenta a la justicia mexicana por el cargo de delincuencia organizada.
En adición, no sólo hay criminales de cuello blanco en el Reclusorio Norte, también hay líderes criminales de alta peligrosidad.
De acuerdo con la SSC de la Ciudad de México, en el penal capitalina están encerrados Ricardo Castillo “El Moco”, el ex policía judicial que fundó la Unión Tepito; Felipe Chávez Cabrera “El Damián”, líder de la Unión Insurgentes; Jesús Ricardo Patrón “El H3″, líder de plaza de los Beltrán Leyva en Tepic, Nayarit y; Gildardo López, “El Gil”, miembro de Guerreros Unidos y responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
A Lozoya Austin se le señala como presunto responsable de diferentes delitos que van desde la defraudación fiscal, peculado, fraude con cargo al erario de la paraestatal que dirigía y ejercicio indebido del poder; sin embargo, la FGR consiguió la captura y extradición del itamita por dos órdenes de aprehensión que giró ante la Interpol. La primera de ellas es por los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por estar presuntamente vinculado con los sobornos de más de USD 9 millones a la firma brasileña Odebrecht. El segundo cargo es por lavado de dinero y se refiere al soborno de USD 3.4 millones de la empresa Altos Hornos para comprar a sobreprecio una planta de fertilizantes.
El caso de Lozoya comenzó a materializarse a partir del 12 de febrero del 2020, cuando la policía de España arrestó a Emilio Lozoya en una zona exclusiva de Málaga. Después fue puesto a disposición oficial y pasó algún tiempo en Madrid, esperando su extradición.
En cuanto al caso, el detenido aceptó cooperar con la fiscalía dirigida por Alejandro Gertz Manero y prometió evidenciar una red de corrupción a nivel federal durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, con la finalidad de obtener beneficios jurídicos; no obstante, para que sea acreedor de preferencias como un juicio corto, reducción de sentencia o libertad anticipada, el ex director de Pemex deberá de entregar pruebas que sustenten las acusaciones, así como reparar el daño por los montos que se les imputa.
Para garantizar su defensa, el maestro en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard contrató a Miguel Ontiveros, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración federal de Felipe Calderón.
El currículum de Ontiveros Alonso es extenso, de acuerdo con el sitio de Inpocipe, es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España; realizó estudios de Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Munich, Alemania, donde hizo una estancia de investigación; fue Director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
También destaca que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, investigador Nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); Profesor del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
En materia internacional, fue consultor del Gobierno de la República de Honduras para la evaluación del Ministerio Público Hondureño con la finalidad de reconfigurar la Fiscalía General de ese país. (Advisor Level II) y de la UNICEF, de la ONU y del Gobierno de Honduras en materia de Reforma Penal, así como Investigador y Director de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Asimismo, como aportaciones a la teoría en derecho, también escribió el libro Legítima defensa e imputación objetiva: especial referencia a los mecanismos predispuestos de autoprotección.
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