“No tiene por qué la Secretaría de Gobernación derribar la puerta de las casas, entrar y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional (partido de oposición), ante los dichos la Secretaría de Gobernación que consideró que “las reformas estatales conocidas como ‘Pin Parental’ vulneran los derechos de niñez y adolescencia”.
“Lo que quiere la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) es que se le diga a los niños que pueden ser niñas, y a las niñas que pueden ser niños. Los papás y las mamás van a recibir de pronto a sus hijos llegando de la escuela diciéndoles: `mamá, ahora quiero ser niña, ahora quiero ser niño’ porque me dijeron en la escuela que así es”, advertía en un video publicado en su página de Facebook.
“Dejemos este asunto para cuando tengan la edad suficiente para comprender. No estoy juzgando de ninguna manera la orientación sexual, la respeto, pero creo que los padres y madres mexicanos quieren educar a sus hijos conforme a sus valores y sus principios”.
Sin embargo, el tema de la ideología e identidad de género (principal punto que quiere inhibir el ‘Pin Parental') va mucho más allá de lo expresado por la legisladora, así como las consecuencias de aplicar la polémica iniciativa al sistema educativo mexicano.
El ‘Pin Parental’ es una medida que busca dejar en manos de los padres o tutores la decisión final sobre si los menores a su cargo pueden llevar o no clases de educación del tipo sexual, así como recibir información sobre temas como la identidad sexual y de género
La Segob la ha calificado como una propuesta que da la opción de “vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus ‘convicciones éticas, morales o religiosas’. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género”.
Precisamente, en entrevista para Infobae México, Mónica Yerena, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), comentaba ya que las consecuencias de la ejecución de esta medida son bastantes graves; implicaría un retroceso en el avance del autoconocimiento, así como en la lucha contra la discriminación, que se traduce en una sociedad respetuosa y tolerante respecto a la diversidad sexual y de género. Incluso, señalaba, pondría a los menores en peligro de ser violentados sin que puedan percatarse de ello.
“Lo que podría pasar es que tuviéramos a muchos niños, niñas o adolescentes que no estarían asistiendo a sus clases de educación sexual o no estarían presentes en las asignaturas en las que se aborden este tipo de contenidos (...) estaríamos apostando por tener más adolescentes que, por falta de información y habilidades, tomen decisiones (basadas) en información errónea o falta de ella, o que incluso no tengan la capacidad de decidir ante una situación de violencia porque no puedan identificar que eso que están viviendo no es normal”.
La Segob ha alertado en mismo sentido subrayando que, si los menores carecen de este tipo de información, las consecuencias sociales se verán reflejadas en el incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; cifras de embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otros factores.
Yerena también señaló que indicadores nacionales como el que México encabeza el listado de la OCDE en abuso sexual infantil y adolescente, las alarmantes cifras de feminicidios, así como la propagación de infecciones de transmisión sexual y la dificultad para establecer relaciones libres de violencia, ejemplifican las consecuencias de dejar a los menores del país sin acceso a la educación sexual.
La senadora Lilly Téllez también hizo un llamado al gobierno federal, en calidad de madre de familia: “Los padres de familia mexicanos le pedimos al gobierno que saque las manos, que no nos imponga la ideología de género según ellos la conciben, porque no fueron electos para ello”.
Sin embargo, con el tema del ‘Pin Parental’ los derechos que se ponen en juego no son precisamente los de los padres de familia, sino los de las niñas, niños y adolescentes, como seres humanos ante la ley.
La especialista consultada por Infobae México alertaba sobre ese punto: “el primer derecho que estarían violando es el que está reconocido en el artículo 4º de la Constitución, el principio del interés superior, que estipula que todas las familias tienen que poner por encima de cualquier otro interés el bienestar mayor y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes”.
Otros derechos contra los que atenta el ‘Pin Parental’, añadía Yerena, son el derecho de una educación de calidad, a la salud sexual, así como a una vida libre de violencia y discriminación.
Mientras que la Secretaría de Gobernación ha insistido en que “el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia”.
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