Siete de cada 10 víctimas de coronavirus (SARS-CoV-2) tenían una escolaridad máxima de primaria o inferior y vivian en pobreza, según el estudio “Mortalidad por COVID-19 en México” de Héctor Hiram Hernández Bringas, doctor en Ciencias Sociales.
El análisis publicado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe un panorama inicial de la mortalidad por COVID-19 en México, con datos disponibles al 29 de mayo pasado y apuntan a la existencia de un perfil de mortalidad asociado a algunas condiciones demográficas y socioeconómicas.
De acuerdo con este estudio, el 71% de defunciones por esa enfermedad viral tiene una escolaridad de primaria o inferior, el 70% son hombres y más de la mitad (55.7%) se concentran en la Ciudad de México y en el Estado de México.
Se ubica a Baja California en quinto lugar entre las 11 entidades federativas que concentran el 89% de las muertes por coronavirus, aunque desde el inicio de la pandemia pasó del segundo al tercer lugar, y se ha mantenido hasta la actualidad, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Epidemiología.
En esta entidad, uno de cada dos decesos son adultos mayores y el 45 por ciento corresponde a la clase trabajadora.
De acuerdo con el estudio de la UNAM casi el 84% de los muertos por el nuevo coronavirus se concentra en ocho categorías de empleo, entre los que destacan los no remunerados como las amas de casa, jubilados y pensionados, empleados de sector público, conductores de vehículos y profesionales no ocupados.
En especial, el investigador llamó la atención a la vulnerabilidad entre aquellos que no desempeñan un empleo activo —no remunerados, jubilados y pensionados, y no ocupados— que en conjunto suman 46 por ciento de las defunciones.
Entre los grupos sociales más vulnerables en donde el COVID-19 ha causado mayores estragos, según lo establece el citado estudio, destaca el de las amas de casa sin remuneración, donde se estima que han ocurrido el 28.1% del total de muertes por coronavirus; es decir, más de 9,759 decesos con las cifras de defunciones actualizadas.
También destacó el porcentaje de empleados del sector público que han fallecido —11.7%, que significan 776 defunciones— en un contexto de paralización de actividades. Algunos de ellos corresponden a los decesos entre empleados del sector Salud—149 hasta el 20 de mayo, según los informes de la Secretaría de Salud—.
En la publicación, Hernández Bringas recoge las estadísticas de mortalidad del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones de la Secretaría de Salud Federal, el cual se alimenta de los certificados de defunción expedidos en el país.
Sobre los lugares donde ocurrieron los decesos, explica que más de la mitad son unidades médicas para población abierta, de la Secretaría de Salud federal o estatales.
“La población que acude a estos establecimientos es la que no tiene cobertura médica ligada a un empleo formal. Evidentemente, se trata de población con grandes carencias”, señala al tiempo de precisar que el IMSS, que da cobertura de salud a más de la mitad de la población nacional, solo ha cubierto el 30% de las defunciones registradas. En las unidades privadas, acota, no han ocurrido ni el 3% de las muertes por el SARS-CoV-2.
Al 27 de mayo, la tasa de mortalidad del país es de 7.07 por cada 100,000 habitantes. Por encima de la tasa nacional, se ubican ocho entidades, destacando los casos del Estado de México (20.4 por cien mil), Tabasco (19.4), Quintana Roo (16.6), Ciudad de México (16.5), Chihuahua (14.6) y Baja California (11.5).
Hernández Bringas es investigador de la UNAM, donde ha dirigido el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, coordinador de Vinculación con el Consejo Universitario, coordinador de Estudios de Posgrado y secretario técnico del Consejo de Planeación.
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