El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adelantó este domingo que tomará la “vía legal” en caso de que el diálogo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no alcance para llegar a un acuerdo con respecto a los apoyos económicos extraordinarios para enfrentar la epidemia de COVID-19.
“Continuaremos con el diálogo con el gobierno central para buscar siempre, a través de ese diálogo, entendimiento político, llegar a acuerdos”, dijo este domingo García Cabeza de Vaca, durante una rueda de prensa ofrecida por la asociación de gobernadores del opositor PAN (Partido Acción Nacional).
“De lo contrario, se tienen otras alternativas, irnos por la vía legal, por un lado a través de la Ley de coordinación fiscal y probablemente con controversias constitucionales parciales que nos permitan en un momento dado”, agregó.
De acuerdo con el gobernador tamaulipeco, esto es con el fin de que no solamente se “recargue” a las entidades con mayores responsabilidades “cuando no se ve reflejado con un respaldo económico a las situaciones que vive el país, en especial la contingencia sanitaria.
“Pedimos recursos extraordinarios para enfrentar un problema extraordinario, de manera respetuosa y con congruencia, y desafortunadamente hemos tenido que reencausar nuestros presupuestos locales aprobados por nuestros Congresos para hacer frente a esta situación”, detalló.
Además, García Cabeza de Vaca acusó al gobierno de López Obrador de tratar de “aglutinar muchas de las acciones que le competen a las autoridades locales”. “Sí han limitado muchas de las acciones que debemos llevar a cabo los gobiernos estatales: uno de ellos es la reducción del presupuesto”, dijo.
Además, dijo que tampoco han llegado aquellos recursos que tienen que ver “con muchos de los fideicomisos y fondos que se tenían para infraestructura, mejora de puertos y cruces fronterizos”, así como la repartición de los recursos públicos recaudados.
García Cabeza de Vaca representa la visión de varios gobernadores de la oposición, incluidos algunos del PAN y otros como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que consideran que sus estados aportan más recursos obtenidos a través de la recaudación fiscal que los que acaban recibiendo. Incluso han llamado a reevaluar el pacto federal para obtener mejores dividendos.
El gobernador de Tamaulipas se refirió también a otro “serio problema”. En su opinión, el gobierno de López Obrador está “ahuyentando la inversión”, sobre todo en el rubro de energía limpias y renovables, por su cambio de política pública en materia eléctrica.
El gobierno federal ha comenzado este año a emitir una serie de decretos para evitar la entrada de empresas de energías limpias al mercado eléctrico mexicano, con el fin de fortalecer a las empresas productivas del estado: Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE (Comisión Federal de Electricidad).
Sin embargo, los juzgados han frenado en distintas instancias dichos decretos. El revés más duro hasta ahora contra la política energética de López Obrador se lo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó dos suspensiones temporales a dichos acuerdos: uno a nivel nacional y otra precisamente en Tamaulipas, hasta que el tema sea resuelto por el máximo Tribunal mexicano.
Incluso los tribunales han rechazado en casos específicos el aumento en las tarifas que pagan las empresas de energías limpias para hacer uso de la red de transmisión de la CFE, calificado por el sector privado como un “electrolinazo”.
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