Con el descubrimiento de los restos del estudiante Chistian Rodríguez Telumbre, a 8000 metros del basurero de Cocula, resurgió la idea de que los sicarios y halcones del cártel Guerreros Unidos fueron agredidos y torturados para que se “autoinculparan” por las desapariciones y sostuvieran la llamada “verdad histórica” sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Sin embargo, cabe recordar que Bernabé Sotelo Salinas, alias “El Peluco”, uno de los miembros de Guerreros Unidos, reveló en enero de 2016 que más de 19 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Sotelo hizo esta declaración dos semanas antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, informará que en el basurero de Cocula había logrado identificar los restos de por los lo menos 19 personas.
De los cinco ejecutores confesos, “El Jona”, “El Pato”, “El Chereje”, “El Duva” y “El Cepillo”, solo este último fue torturado, de manera que las declaraciones de los otros cuatro tienen plena validez y coinciden con las declaraciones de Sotelo Salinas.
La CNDH, cuya investigación más seria ha planteado que en la muerte de los alumnos participaron policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzulco; no encontró indicios de que los restos hubieran sido sembrados y concluyó que las declaraciones de los individuos ya mencionados fueron coincidentes y congruentes.
Si hubo cualquier irregularidad, quien tendrá que responder será Tomás Zerón, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e investigador del caso Ayotzinapa.
El pasado 10 de marzo, un juez de control ordenó el arresto de Zerón por posible violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas. Sin embargo, este martes en conferencia de prensa, el fiscal mexicano ha confirmado que el funcionario se marchó de México. “Tomás ‘Z’ huyó del país. Ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente”, aseveró.
El papel de Zerón en las pesquisas del caso Ayotzinapa fue fundamental porque aportó elementos de lo que el Gobierno llamó la verdad histórica, una narrativa de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, ésta ha sido cuestionada una y otra vez por los expertos que han analizado el caso.
En contraste con la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos.
De acuerdo con un reportaje que publicó el semanario Proceso en su edición ya en circulación, la hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala establece que los restos de los jóvenes fueron sepultados y esparcidos en varios lugares.
Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indican también que esa organización criminal sobornaba económicamente a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero, y por ello participaron en la desaparición de los normalistas, según documentos que obtuvo Proceso.
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