En las últimas semanas la propuesta del ‘Pin Parental', una controvertida iniciativa educativa, ha despertado una fuerte polémica en México, así como lo ha hecho antes en otras partes del mundo.
En lo que va del año, por lo menos en cinco congresos estatales del país se han presentado iniciativas de reformas a la ley para establecer dicha medida.
“Las reformas estatales conocidas como ‘Pin Parental’ vulneran los derechos de niñez y adolescencia”, ha expresado categóricamente la Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana.
Pero, ¿qué es el controvertido ‘Pin Parental'?
El ‘Pin Parental’ es una medida que busca dejar en manos de los padres o tutores la decisión final sobre si los menores a su cargo pueden llevar o no clases de educación del tipo sexual, así como recibir información sobre temas como la identidad sexual y de género.
“Proponen que se reconozca a nivel legal el derecho que tienen las familias (...) de decidir si sus hijos o hijas deben recibir educación sexual en la escuela”, explicó a Infobae México Mónica Yerena, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). “Podría implicar que por ejemplo que se le exija a una escuela dar un aviso previo, como un mes antes, a las familias de que sus hijos van a recibir las clases de educación sexual. Entonces, si se aprobaran estas medidas, la familia tendría la facultad de dar su consentimiento”.
La Fundeú –fundación asesorada por la RAE para orientar sobre el buen uso del español en los medios– explica que el término Pin deriva del concepto en inglés personal identification number, con el que se hace referencia a la contraseña que habitualmente se usa para acceder a dispositivos electrónicos.
Pin parental es una expresión actual para referirse a la contraseña que los padres activan en los aparatos, del tipo tabletas o teléfonos móviles, para restringir el acceso de los menores a ciertos contenidos que hay en internet.
Misma expresión, según explica Yerena, fue tomada por el partido de extrema derecha español Vox, para nombrar esta propuesta sobre dar control totalmente a la familia de los niños, niñas y adolescente, para decidir qué contenidos se les pueden enseñar en las escuelas y cuáles no. Específicamente respecto a la educación sexual.
“La iniciativa, en términos globales, busca restringir el acceso a la educación sexual integral (...) Destaca (Vox) que las familias tienen derechos sobres sus hijos e hijas”, dijo la también socióloga.
Mientras que la Segob la califica como una propuesta que da la opción de “vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus ‘convicciones éticas, morales o religiosas'. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género”.
¿Qué consecuencias tendría el ‘Pin Parental'?
Para Mónica Yerena las implicaciones que tendría la aplicación de esta medida son bastantes graves ya que implicaría un retroceso en el avance del autoconocimiento y la lucha contra la discriminación, que se traduce en una sociedad respetuosa y tolerante respecto a la diversidad sexual y de género. Incluso, señala, pondría a los menores en peligro de ser violentados sin que puedan percatarse de ello.
“Lo que podría pasar es que tuviéramos a muchos niños, niñas o adolescentes que no estarían asistiendo a sus clases de educación sexual o no estarían presentes en las asignaturas en las que se aborden este tipo de contenidos (...) estaríamos apostando por tener más adolescentes que, por falta de información y habilidades, tomen decisiones (basadas) en información errónea o falta de ella, o que incluso no tengan la capacidad de decidir ante una situación de violencia porque no puedan identificar que eso que están viviendo no es normal”.
La Segob alertó en mismo sentido subrayando que, si los menores carecen de este tipo de información que resulta fundamental, las consecuencias sociales del ‘Pin Parental’ se verán reflejadas en el incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; cifras de embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otros factores.
Yerena también señaló que indicadores nacionales como el que México encabeza el listado de la OCDE en abuso sexual infantil y adolescente, las alarmantes cifras de feminicidios, así como la propagación de infecciones de transmisión sexual y la dificultad para establecer relaciones libres de violencia, ejemplifican las consecuencias de dejar a los menores del país sin acceso a la educación sexual.
Una medida que violenta los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“El primer derecho que estarían violando es el que está reconocido en el artículo 4º de la Constitución, el principio del interés superior, que estipula que todas las familias tienen que poner por encima de cualquier otro interés el bienestar mayor y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes”, indicó la representante de la REDIM, agregando que el ‘Pin Parental’ atenta también contra el derecho de una educación de calidad y el derecho que niñas y niños tienen a la salud sexual, así como a una vida libre de violencia y discriminación.
Para las autoridades federales mexicanas se trata de una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. Además también coinciden en que atropella “el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias”.
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