La Secretaría de la Función Pública (SPF) iniciará las investigaciones y sanciones correspondientes relacionadas con actos de corrupción e irregularidades durante el sexenio del es presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), específicamente de julio de 2013 a julio de 2017.
Las faltas graves que sean identificadas por el personal de la secretaría deberán ser informadas de forma oportuna al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el envío de los expedientes de procedimiento, para la resolución correspondiente. Esto de acuerdo al oficio CIRCULAR FP/100/007/2020, cuyo contenido fue difundido por El Universal.
La circular fue emitida luego de que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Erédira Sandoval Ballesteros, recuperara la atribución de sancionar irregularidades graves de la administración pública federa, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La instrucción a los trabajadores de la Función Pública es iniciar la investigación de toda irregularidad o hecho corruptivo que no haya prescrito en términos del artículo 74 de la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este sentido, se establece como plazo de investigación el comprendido entre los meses de julio de 2013 y 2017.
La sanción de los hechos ocurridos durante la vigencia de la ley federal previa, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, podrán ejecutarse en los términos que esta preveía, mediante los Órganos Internos de Control, las Unidades de Responsabilidades y la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.
Las faltas no graves que se identifiquen durante las investigaciones serán procesadas por el propio personal de la Secretaría de la Función Pública según corresponda a sus atribuciones.
La titular de la institución animó a los funcionarios públicos de la dependencia a comprometerse a fondo con las investigaciones, así como a actuar con celeridad en el combate a la corrupción e impunidad. Señaló que la decisión emitida por el Suprema Corte de Justicia de la Nación les exige un mayor compromiso.
“Les recuerdo que juntos estamos haciendo historia, y por tanto los conmino a enfrentar con la mayor convicción, dedicación y entrega este reto, a no perder más tiempo y actuar con celeridad y utilizar nuestras facultades sancionadoras, para que pronto estemos en posibilidad de rendir cuentas al pueblo de México, que apostó por un cambio verdadero”.
El pasado 8 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la competencia que corresponde a la Secretaría de la Función Pública para sancionar faltas graves cometidas antes de 2017. Esta resolución, según valoro la Secretaría, da certidumbre a los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra servidores públicos.
Antes de la resolución, existía incertidumbre jurídica en la aplicación de las leyes modificadas en 2016, “lo que generó un régimen mixto que impedía asumir con claridad a qué instancia correspondía sancionar las irregularidades cometidas antes del mes de julio de 2017”, según consideró la dependencia en un comunicado público.
El dictamen de la Suprema Corte fue emitido luego de que Irma Eréndira Sandoval denunciara la contradicción de tesis que suponía la existencia de una ventana jurídica que demoraba la resolución en tribunales de diversas sanciones por irregularidades.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. En el año posterior a su publicación, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades expidieron las leyes y normas necesarias para su ejecución. Como consecuencia, fueron abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Esta situación generó una incertidumbre jurídica, denunciada por la secretaria Irma Eréndira Sandoval. Tras la resolución, se suponen homologados los criterios para todos los tribunales federales del país para el combate a la impunidad.
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