El desafuero de López Obrador: el evento judicial-político que paralizó México y casi lleva a la cárcel al ahora presidente

Antes de convertirse en presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tuvo que sortear incontables ataques de sus rivales políticos. Uno de los más notables fue el polémico “desafuero”, una estrategia del PAN y el PRI que pretendió frustrar la carrera política de AMLO antes de que contendiera por la presidencia.

Todo comenzó durante la administración de Vicente Fox (2000-2006), cuando se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, encabezado en ese entonces por López Obrador, de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores. A pesar de que los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador por ello.

El gobierno federal solicitó a través de la Procuraduría General de la República (PGR) un juicio de desafuero al Congreso de la Unión para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades. Muchos consideraron el proceso como una maniobra política para erradicar la posibilidad de que AMLO fuese candidato a la presidencia de la república en 2006, debido a que, aún si se le declaraba inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso que se vislumbraba largo.

Esta circunstancia fue utilizada por la oposición como una estrategia para evitar que López Obrador se inscribiera como candidato a la presidencia por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El caso político del desafuero fue defendido principalmente por el gobierno federal, que en ese momento estaba a cargo del Partido Acción Nacional (PAN). Se consumó el 7 de abril de 2005 y como consecuencia se produjeron manifestaciones en rechazo al presidente Vicente Fox.

En 2005, AMLO encabezó diversas protestas contra el desafuero. El sector de la población que lo apoyaba protestó e hizo reclamos que pedían “no al desafuero”, o “fuera Fox”. En la marcha del silencio convocada el 25 de abril se reunieron alrededor de 1.2 millones de personas en el centro de la capital.

A modo de conclusión, el 20 de abril de ese año el Ministerio Público Federal (MPF) fijó una fianza de 2,000 pesos (unos 180 dólares) para López Obrador. Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de AMLO, por los diputados locales del PAN Gabriela Cuevas y Jorge Lara. Durante una conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera “la víctima”.

Andrés Manuel, por su parte, calificó el pago de la fianza como un “acto cobarde” y rechazó aceptarlo porque venía de las manos de los que promovieron el desafuero.

Esta maniobra fue denunciada por el grupo del PRD en la ALDF como una maniobra política para inutilizar la capacidad de defensa del inculpado: al pagar la fianza por un delito donde no había un detenido consignado o remitido al MPF, se impedía al acusado ser partícipe y testigo de la consignación del expediente y se le dejaba sin posibilidad de enfrentar personalmente el proceso penal, lo que lo descartaba como aspirante a la presidencia de la República.

La fianza fue posteriormente cancelada por el juez que llevaba el caso con argumentos técnicos.

López Obrador declaró que el proceso fue un ataque político orquestado por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y el candidato presidencial Santiago Creel. Además otras voces comenzaron a expresar su oposición, incluyendo intelectuales mexicanos conocidos. Este fue el factor principal que forzó en última instancia al PAN y al gobierno a buscar una solución política.

A raíz de eso López Obrador comenzó una campaña que fue conocida como la “resistencia civil”, y que ponía foco en su posible marginación de la elección presidencial.

“Los últimos acontecimientos están reafirmando lo que sostuvimos desde el principio, que el asunto con que se fueron no es de naturaleza jurídica sino política; inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006, por esa razón, mucha gente que no milita en mi partido el PRD, se manifiestan abiertamente contra un retroceso democrático, y a nuestros adversarios les produce un miedo irracional que podamos llevar a la práctica un proyecto alternativo de nación”, dijo AMLO en aquella ocasión.

Así inició el juicio de desafuero contra López Obrador. En ese entonces su popularidad era creciente y el presidente Vicente Fox había perfilado como su candidato presidencial a Santiago Creel Miranda, por lo que se vio en la necesidad de apoyar las aspiraciones presidenciales de Felipe Calderón para evitar la victoria de López Obrador.

Durante el proceso, López Obrador compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados y el gobierno liberó una orden de aprehensión en su contra y dos militantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) terminaron pagando la multa correspondiente para evitar la encarcelación de AMLO.

Gabriela Cuevas y Jorge Lara pagaron una multa por 2,000. Al pagar la multa, los militantes del PAN buscaron revertir el ambiente de crispación y, según sus propias palabras, evitar la victimización de AMLO y, sobre todo, impedir que su creciente popularidad lo catapultara a la presidencia de México.

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