La Secretaría de la Función Pública informó este sábado, a través del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y medios impresos locales, un edicto dirigido al ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, acusado por malversación de fondos públicos, como parte de los procedimientos administrativos realizados por la dependencia en su contra.
La etapa legal, y con base en los Artículos 138 y 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, otorga la oportunidad a Duarte de tener un “debido acceso a la justicia” a consecuencia de la falta de su ubicación física o presencial: concederle su derecho a conocer los hechos que son la causa del inicio del expediente en el edicto.
Otro de los objetivos es para que el ex gobernador pueda hacer uso de su derecho de audiencia y tenga una defensa. El nuevo edicto se publicó por el inicio de un nuevo procedimiento administrativo: la SFP afirmó que no puede “aportar mayor información al respecto” debido a que se trata de una investigación en curso, y la vulneración podría conducir a afectaciones que impidan el ejercicio de justicia.
Los procedimientos administrativos de la Operación Justicia para Chihuahua tienen el objetivo de luchar contra la corrupción de manera apegada al marco legal aplicable.
Siendo una de las prioridades de la Dependencia Estatal, en colaboración con el Gobierno del Estado de Chihuahua, se informó que: se han iniciado 60 procedimientos administrativos disciplinarios; se han emitido 5 resoluciones, de las cuales se ha notificado a 12 servidores públicos (sólo uno de ellos no ha sido localizado para notificarle), y las sanciones van de uno a 10 años de inhabilitación, así como sanciones económicas de más de 88 millones de pesos, las cuales están sub judice.
“César Horacio Duarte Jáquez no es localizable y se ignora su domicilio actual y su paradero (…) se le concede un término de 15 días hábiles para que formule por escrito ante la SFP su contestación a los hechos que se le imputan y ofrezca pruebas”, declara el edicto.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) busca a 63 mexicanos reclamados en cinco países. Uno de ellos es el ex gobernador de Chihuahua César Duarte.
El ex gobernador, quien se cree está en Estados Unidos, es buscado por peculado agravado y peculado. Sobre él pesan 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos.
Podría estar oculto en Albuquerque, Nuevo México, donde fue visto públicamente por última vez. La presencia del ex mandatario estatal en este lugar quedó registrado mediante dos fotografías. El trámite de su extradición sigue en proceso ante el gobierno de Donald Trump. Las órdenes de aprehensión, en ese contexto, deberán ser ejecutadas por la policía Norteamericana.
El pasado 27 de junio, el Tercer Tribunal Colegiado Penal negó el amparo a Duarte por la orden de aprehensión liberada en su contra por los desvíos millonarios en los que supuestamente incurrió durante su mandato, de acuerdo con la revelación del consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés al diario Milenio.
Espinoza dio a conocer que los magistrados del tribunal en Toluca, Estado de México, determinaron durante una sesión virtual que negarían la petición de amparo a Duarte, pues concluyeron que la orden cumple con todos los aspectos legales.
Cortés aclaró también que con esta negativa, ya son aproximadamente 10 amparos los que la defensa del gobernador ha tratado de promover contra las ordenes de arresto, mismos que fueron negados por jueces federales. Aseguró, además, que por el momento ya son 21 ordenes de aprehensión vigentes.
La orden de aprehensión fue girada en 2019 como parte de la investigación que lo señala por el desvío de 379 millones 204 mil 999 pesos durante el año 2016, último de su mandato como gobernador del estado de Chihuahua.
Además Duarte es acusado por la supuesta entrega de recursos de la nómina del estado a varias campañas del Partido Revolucionario Institucional en 2015, cuando el también priísta Enrique Peña Nieto era el presidente de la nación.
El gobierno de Chihuahua le incautó cuatro ranchos adquiridos durante su gestión, entre 2011 y 2017. Animales exóticos y de colección, entre ellos 30 bisontes, 5 llamas y manadas de jabalíes, así como 450 reses que provendrían de Nueva Zelanda y otras de programas gubernamentales.
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