INAI ordena a FGR que haga pública información sobre caso Odebrecht

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que haga una versión pública para conocer los avances en la investigación referente al financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto; acciones relacionadas con Emilio Lozoya Austin y quien fuera secretario de Petróleos Mexicanos, arrestado en España y próximamente extraditado para que responda por demandas de corrupción.

No es la primera vez que el INAI urge a la PGR abrir, por interés público, los avances del caso Odebrecht en México. En esta ocasión, el órgano de transparencia instó a la dependencia judicial que dé a conocer la información antes de consignar ante un juez la investigación que contempla más de tres años de actuaciones.

El Instituto de transparencia ya ha emitido 17 resoluciones relacionadas con Odebrecht, pero acusa que la FGR ha obstaculizado el proceso de publicitar el caso ante la opinión ciudadana, pues “ha ejercido diversas acciones legales para posponer la entrega”.

Según el seguimiento del INAI, del 12 de junio de 2003 al 23 de febrero de 2020, se habían identificado 496 solicitudes de acceso a la información con el tema Odebrecht.

En agosto de 2017 fue revelado por Quinto Elemento Lab que declaraciones de Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, exfuncionarios de Odebrecht, confesaron sobornos a Emilio Lozoya Austin por USD 10,000,000 (diez millones de dólares), para garantizar a la constructora brasileña obtención de contratos de Pemex, cuando el acusado era director de la petrolera mexicana y, además, de financiar la campaña en 2012 de Enrique Peña Nieto, para que el candidato del Partido Revolucionario Institucional llegara al poder y asegurara un trato preferenciado con la empresa sudamericana. Las presuntas coimas habrían ido a parar a cuentas en paraísos fiscales.

“En estos momentos, en que se ha anunciado la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos, urge que la FGR cumpla las resoluciones del INAI”, así como “las actuaciones de los agentes del Ministerio Público” es parte del comunicado de la institución.

En octubre del 2018, a través de la resolución RRA 4436/18, el pleno del INAI ordenó a la entonces PGR dar a conocer versión pública de la averiguación previa del caso y las actuaciones de los agentes del Ministerio Público en la indagatoria. Dos meses después, en diciembre, se resolvió el caso con clave RRA 6994/18, para que la PGR revelara nombres de funcionarios y ex funcionarios investigados por el tema Odebrecht en México, así como aquellos que habían comparecido a declarar.

Contra la primera resulución fueron promovidos dos juicios de amparo, uno por un particular y otro por el servidor público encargado de de la investigación, mismos que bloquearon la instrucción del INAI.

“Sin embargo, en ambos casos, los juicios fueron resueltos a favor del INAI y se declararon ‘total y definitivamente concluidos’, por lo que, a la fecha, no existe obstáculo para acatar la resolución del Pleno”, aclaró la dependencia.

Sobre el amparo promovido por el funcionario responsable de las indagatorias, este se encuentra en la parte final del litigio, debido a que “fue sobreseído en primera instancia y confirmado en sentencia por un Tribunal Colegiado; el Instituto está a la espera de que le sea notificada la sentencia”.

El INAI explicó que como parte de su trabajo fue imponer una medida de apremio contra el servidor de la PGR como parte de la presión para que éste funcionario acatara la resolución sobre el tema Odebrecht y después, lo denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Procuraduría, bajo el expediente 2018/PGR/DE147; mismo que fue atraído por la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, y se encuentra “en análisis”, según el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas.

En su conferencia matutina de este viernes 03 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, de nueva cuenta, contra el INAI, pues lo consideró un aparato de simulación que aún con su “oneroso” presupuesto no sirve a la ciudadanía, pues fue creado, como otros órganos, para emplear a quiénes eran cercanos al gobernante en turno. El mandatario refirió que este órgano de transparencia cuesta 1,000,000,000 (mil millones) al erario público.

“¿Cuánto nos cuesta? Mil millones de pesos mantener ese aparato para simular. Me duele ¿Cómo?, ¿mil millones de pesos para no hacer nada?”, se quejó AMLO, y aunque aseguró que no desaparecería el instituto, se posicionó porque el INAI fuera más propositivo y funcionara de mejor manera.

A pregunta de un reportero, el presidente también condenó que el órgano de transparencia avalara la reserva que en su momento hizo la PGR del caso Odebrecht.

El INAI reconoció que, al principio, el pleno se pronunció por cerrar la información del caso, pero luego optó por una interpretación jurídica para ordenar la apertura de interés público al saber de sobornos evidenciados por Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), quien por esa divulgación fue cesado por la entonces PGR, bajo el argumento de que el funcionario publicitó información sensible en proceso de investigaciones.

“Cabe reconocer que, de los 17 casos sobre Odebrecht que ha resuelto el INAI, primero, tuvo que reservar por ministerio de ley, porque al tratarse de una averiguación previa (ahora carpeta de investigación), por ley, es materia reservada. Sin embargo, a partir de las revelaciones del titular de la FEPADE, en octubre de 2017, sobre evidencias de dinero de Odebrecht en la campaña del después Presidente, Enrique Peña Nieto, se dio base a una interpretación jurídica del caso y se adoptó la histórica resolución de ordenar a la entonces PGR abrir en versión pública las actuaciones ministeriales de la investigación que se encontraba estancada y cerrada por el entonces encargado de despacho de la Procuraduría” explicó el INAI.

Con este comunicado, la dependencia se posiciona respecto a los señalamientos de AMLO y arguye que, “en el marco de sus atribuciones, el INAI ha agotado todas las medidas a su alcance, a fin de que la FGR cumpla con la resolución y abra esta información ante la opinión pública sobre el caso”.

El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa brasileña pagó cerca de USD 788,000,000 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales USD 59,000,000 fueron en Panamá.

Después de negar su implicación en los sobornos, ampararse para no ser arrestado y mantenerse prófugo de la justicia, Emilio Lozoya Austin fue apresado en España en febrero pasado. Hace tres días, el pasado 1 de julio, Alejandro Gertz Manero, fiscal mexicano, informó a la prensa que el ex titular de Pemex aceptó ser extraditado.

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