Guanajuato: masacres, corrupción y peleas políticas tienen al estado en llamas

Guanajuato sufre como nunca antes los efectos de la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.

Aunque la violencia ya estaba incontenible en la entidad, hace apenas tres días el horror cotidiano tomó una nueva dimensión: un comando ingresó a un centro de rehabilitación a asesinar a 26 de sus internos. Horas antes, en otra agresión, tres policías fueron ejecutados en el municipio de Silao. Hace unas semanas, se creía que no podía haber algo que indignara más que la ejecución de tres estudiantes universitarios en el taller mecánico que montaron para pagar sus estudios, con ellos estaba un aprendiz de 16 años. Todos fallecieron.

Todos los días se leen historias así en los medios, unas más dolorosas que otras ¿Cómo se convirtió Guanajuato en el epicentro de la violencia en México? En la entidad —antes famosa por atraer grandes compañías y ser uno de los destinos turísticos más visitados— el crimen organizado no tomó el territorio de la noche a la mañana, su crecimiento se dio de a poco, ganando adeptos, creando una base social en territorios que pese a su bonanza industrial no lograron zanjar las profundas desigualdades económicas.

En 2009 nació el Cártel de Santa Rosa de Lima, enfocado en el robo de combustible que se produce en la refinería de Pemex en el municipio de Salamanca. La organización criminal toma su nombre de una pequeña comunidad de la que es oriundo su líder, José Antonio Yépez, “El Marro”. El grupo delictivo creció en la sombra hasta el 2019, que comenzó la guerra contra el huachicol (combustible robado) y la sustracción de hidrocarburos se vio bruscamente cortada.

“El Marro” tuvo que diversificar sus ingresos y recurrió al secuestro, extorsión y cobro de derecho de piso, volviéndose más peligroso.

En la peor matanza ocurrida por el Cártel de Santa Rosa de Lima, al menos 26 personas murieron y otras cinco quedaron heridas, tras un ataque al centro de rehabilitación “Recuperando mi vida”.

El miércoles 1 de junio, a plena luz del día, un grupo de sicarios aparcó un auto rojo fuera del anexo. Los hombres —aún no se sabe cuántos— ingresaron al inmueble y obligaron a los interrnos a tirarse al suelo. Los apilaron y dispararon contra ellos con armas AR-15 calibre 223. Terminando el trabajo, los sicarios huyeron. Ningún vecino vio nada, y si alguno vio algo, para cuando llegó la policía ya se les había olvidado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, el centro de rehabilitación operaba de manera clandestina, pues no contaba con los permisos municipales. El consultor y asesor en materia de seguridad de Guanajuato, David Saucedo, entrevistado por Aristegui Noticias, señaló que, en este caso en particular, el anexo era controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Saucedo, quien ha analizado a fondo la problemática del crimen organizado en la región, relató que una sobreviviente de los hechos dijo que los sicarios que llegaron a atacar el anexo se identificaron como gatilleros de José Antonio Yépez, “El Marro”.

Dicen los expertos que Guanajuato sufre por la batalla entre dos grupos delictivos, por un lado el Cártel Jalisco Nueva Generación y por otro, el de Santa Rosa de Lima. Los de Jalisco han extendido sus tentáculos en buena parte de la entidad. De acuerdo con informes de inteligencia, en los municipios de León, Silao, Dolores, los pueblos del Rincón y el noroeste del estado hay una fuerte presencia del cártel cuatro letras. Finalmente en Salamanca, Celaya, San Luis de la Paz, Villagrán y la zona de los Apaseos domina “El Marro”.

El contraataque del Marro

El último fin de semana de junio, un operativo contra el Cártel de Santa Rosa de Lima provocó graves destrozos al sur de la entidad. Colaboradores del Marro cortaron carreteras e incendiaron vehículos en la ciudad de Celaya, donde fueron detenidos 31 presuntos miembros de la organización criminal, entre ellos, la madre, la hermana y prima del capo. En los siguientes días, se detectó un coche bomba en la refinería de Pemex en Salamanca, enfrentamientos entre policías y sicarios, y una veintena de asesinatos.

El 28 de junio se informó que ninguno de los capturados fue procesado. Había tantos errores en los expedientes que la juez encargada del caso falló la liberación de los presuntos criminales. En esos días, el padre del líder huachicolero, que estaba preso desde marzo por conducir un automóvil robado, fue liberado tras pagar una fianza de USD 443. El prometido golpe a el CDSL quedó reducido en un fracaso más a las instituciones en su combate contra el crimen.

Las liberaciones de la familia Yépez se han percibido entre incapacidad y corrupción, pero también temor. El resultado de los fallidos operativos han desatado una serie de acusaciones, señalamientos y pronunciamientos encontrados entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

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