Dos millones de dólares pagaron a funcionarios de juzgado de Toluca por libertad de “El Mochomo”

El soborno para que José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, obtuviera su libertad fue por USD dos millones que serían repartidos entre tres funcionarios de un juzgado de distrito en Toluca, Estado de México. El dinero, presuntamente, se entregó minutos antes de las 3 de la mañana de este jueves.

“El Mochomo”, presunto líder del Cártel Guerreros Unidos, está vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante seis meses, gracias a intervenciones telefónicas aprobadas por una solicitud, se pudieron escuchar las conversaciones de familiares de Casarrubias Salgado y de miembros del cártel: las autoridades federales determinaron su ubicación en Metepec, donde fue capturado mientras atendía una reunión familiar.

A través de las conversaciones telefónicas también se pudo saber acerca de las negociaciones y el acuerdo para sobornar a los funcionarios y que lo dejaran en libertad por el cargo de delincuencia organizada. Mientras que “El Mochomo” se mantiene bajo arraigo durante 40 días, se pulirá otra acusación por delincuencia organizada, lo cual permitirá que la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa termine las investigaciones y lo incrimine por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos.

La estrategia del líder del Cártel Guerreros Unidos, según funcionarios del gabinete de Seguridad federal, fue desechar 14 de las más de 40 pruebas del Ministerio Público federal argumentando que la detención fue “ilegal” y que se trataba de imputaciones directas que provenían de expedientes ministeriales, además de que se presentaron en copias certificadas, por lo cual no se les podía dar un valor probatorio. La situación fue corroborada en la argumentación y, consecuentemente, fue dejado en libertad.

El abogado de Casarrubias Salgado argumentó que la aprehensión de su cliente, unos minutos después de ser liberado por un tecnicismo hace un par de días y que desató toda una polémica en el Poder Judicial por una supuesta llamada donde habrían intentado liberarlo con base en sobornos, es “ilegal, pues fue privado de la libertad, sin que se le mostrara una orden de aprehensión y presentación”, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

Los funcionarios del gabinete también informaron que las autoridades judiciales rechazaron las 14 pruebas “sin mayor análisis”, y que el resto no fueron valoradas. El Ministerio Público apeló la resolución y se espera un tribunal verifique el expediente y se le dicte formal prisión por el cargo de delincuencia organizada, razón por la cual sus familiares y abogados entregaron los USD dos millones: para favorecer la resolución de su caso.

Desde 2019 se ha intensificado la búsqueda del Gobierno de México para darle un veredicto al caso Ayotzinapa. Casarrubias Salgado, por su parte, ha estado prófugo por seis años y en los últimos cuatro ha estado en la mira de las autoridades.

La Fiscalía General de la República confirmó que la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), tiene “autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado, para que decretara la libertad, motivo por el cual, se obtuvo el arraigo de Ángel ‘C’”.

“El Ministro Presidente de la SCJN, @ArturoZaldivarL ha comunicado a esta institución, que ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción señalados y la #FGR estará atenta a recibir cualquier denuncia al respecto”, detalló la FGR.

El jueves 2 de julio la SEIDO reveló la conversación telefónica entre la madre del imputado y su abogado, quienes hablan de entregar dinero a cambio de la libertad de Casarrubias.

En la llamada, publicada en exclusiva por el periódico El Universal, se escucha a Francelia Salgado Patiño, madre de “El Mochomo” y a su abogado, Arturo Rodríguez García, hablar de la supuesta entrega de dinero al personal de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

Al parecer, su libertad era un hecho acordado con horarios y fechas, pues se revela en las llamadas que las autoridades presuntamente esperaban un “avance con el tema económico” para hacer su parte. Sin embargo, la supuesta madre de “El Mochomo” le indica que el dinero únicamente será entregado cuando su hijo esté en libertad y no antes; “dando y dando”, asegura que fue el acuerdo original.

La señora, además, pide el acta definitiva de liberación. El supuesto abogado, por su parte, asegura que entonces el acuerdo será que “una vez que le indiquen que está saliendo de firma”, el trabajo estaría terminado y entonces liberarían el dinero.

Las pruebas presentadas para justificar la detención de Casarrubias del pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México, fueron desechadas por la magistrada del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, María del Socorro Castillo Sánchez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también señaló en su conferencia matutina de este jueves, que “hubo dinero de por medio” en la liberación del presunto delincuente que salió este 1 de julio del penal de Almoloya.

Además refirió que ya se había iniciado la investigación sobre la liberación del acusado, tras la presentación de un informe en el que señalaban el cohecho.

“Puedo decirles que la libertad de este señor (”El Mochomo”), presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado en donde se le otorgó la liberta”, dijo el mandatario.

También destacó la labor del Ministro presidente, Arturo Zaldivar, quien dijo es un hombre íntegro que también esta luchando en contra de la corrupción.

Luego de que el mandatario federal concluyera su mensaje, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que presentó una denuncia interna para dar paso a una investigación sobre actos de corrupción y vicios jurídicos en el mismo juzgado mexiquense donde fue liberado “El Mochomo”.

La dependencia agregó en su comunicado que respalda la autonomía e independencia de las y los juzgadores, sin embargo, toda decisión debe de estar fundamentada en el derecho y apego a la ley, por lo que no toleraran ninguna desviación de la justicia o acto de corrupción.

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