Elementos de la Policía Federal Ministerial catearon el domicilio del ex subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, como parte de las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El cateo, ocurrido en el fraccionamiento Tres Marías, al oriente de la zona urbana de Morelia, Michoacán, fue confirmado por fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y por el propio Gómez Arrieta.
En declaraciones vía telefónica a medios locales, Gómez Arrieta aseguró que no fue detenido porque no se encontraba en su domicilio, pero señaló que se enteró de que existe una orden de presentación en su contra para atestiguar sobre la desaparición de los normalistas.
Por su parte, la Fiscalía General de la República, informó a La Voz de Michoacán que no existe una orden de aprehensión en contra de Gómez Arrieta hasta el momento y que el operativo únicamente contemplaba el cateo y revisión del inmueble.
En junio de 2019 el diario español El País, difundió un video en donde se observa a un integrante de la Secretaría de Marina —detenido en marzo pasado acusado de tortura—, y a Carlos Arrieta en el interrogatorio y tortura a Carlos Canto, aprehendido el 22 de octubre de 2014 por el caso de los normalistas.
Tras la difusión de la grabación, Gómez Arrieta aseguró que es inocente y renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, en junio de 2019 y desde ese momento, se encuentra prófugo.
El pasado martes 30 de junio, el fiscal General del a República, Alejandro Gertz Manero, dio por terminada la denominada “verdad histórica” en la que se concluyó que los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero. Después, sus restos habrían sido arrojados al Río San Juan.
Ese mismo día, Gertz Manero dio a conocer que el arquitecto de esta “verdad”, Tomás Zerón de Lucio ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), ya es buscado por la Interpol luego de que huyó de México.
El papel de Zerón en las investigaciones fue fundamental porque aportó elementos “determinantes” sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo que ha sido cuestionado una y otra vez por los expertos que han analizado el caso.
El 28 de octubre de 2014, a sólo un mes de la desaparición de los estudiantes, Tomas Zeron dirigió la indagatoria en las inmediaciones del basurero de Cocula y del Río San Juan, en donde, al día siguiente (29 de octubre de 2014) elementos de la policía habrían encontrado bolsas con restos óseos quemados.
El hecho fue expuesto por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un video, lo que dio lugar a la especulación de que los restos podrían haber sido sembrados.
El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, en ese entonces procurador General de la República presentó una conclusión. Determinó que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, hechos a los que denominó “la verdad histórica” y dio por terminado el caso a pesar de que había diversas inconsistencias en pruebas y testimonios de varios supuestos involucrados.
Los padres de los estudiantes desaparecidos así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador, quien renunció a su cargo en febrero del 2015.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República iniciaron nuevas investigaciones en torno al caso.
En el marco de esta nueva indagatoria fue detenido José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, considerado como una de las piezas claves para dar con el paradero de los normalistas. Sin embargo, una jueza ordenó su liberación, pero tras intervención del gobierno federal fue reaprehendido.
La Fiscalía inició una investigación por presuntos actos de corrupción en la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo” y dio a conocer un audio en el que la madre de Casarrubias ofreció dinero a cambio de la liberación de su hijo.
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