Tras una serie de reveses jurídicos a las políticas en el sector energético por parte de diferentes juzgados federales e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente de Andrés Manuel López Obrador consiguió este jueves su primera victoria, al evitar la suspensión de los aumentos en las tarifas que pagan empresas de energías limpias al gobierno.
Un juez federal negó la suspensión provisional a la Central LFGE García, Central LFGE Cadereyta, Central LFGE León, Central LFGE Torreón, y de Central LFGE Tijuana “porque la resolución y la determinación de cargos cuestionadas tienen una serie de finalidades y objetivos regulatorios que se verían truncados en caso de que se concediera la suspensión”.
Con estos “se busca garantizar que el servicio público de transmisión se preste en buenas condiciones, así como fomentar la competencia en el sector de la industria eléctrica”, detalló el juez del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
Además, el juzgador indicó que las demandas de estas centrales tienen una “notoria similitud,” ya que en ellas las quejosas reclaman los mismos actos y señalan a las mismas autoridades. “En ese sentido, con el fin de facilitar su trámite, evitar el dictado de resoluciones contrarias y, sobre todo, para privilegiar el derecho de una tutela judicial efectiva y pronta, este Juzgado decreta de oficio y de plano la acumulación de esos asuntos”, añadieron.
Las empresas se movilizaron en los juzgados para evitar el aumento en las tarifas que pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer uso de su red de transmisión, las cuales fueron aprobadas por la Comisión Reguladora de Enegía (CRE).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el aumento era ilegal y lo calificaron como un “electrolinazo”. “Perjudica a la economía nacional. El sector productivo del país, industrial y comercial, será el primero en recibir el impacto directo del aumento”, señalaron en un comunicado.
“Los nuevos cargos de CFE ponen en riesgo la capacidad de las empresas para sostener a toda su plantilla laboral (incluyendo sueldos y salarios) como lo han hecho durante la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, que debilitó las finanzas de todos”, añadieron.
Sin embargo, este jueves el revés lo recibieron los privados. “Aun cuando la ejecución de los actos reclamados pudiera generar un impacto patrimonial” a las empresas, “debe advertirse que esta afectación podría ser reparada con la concesión del amparo, mientras que la lesión que sufriría la sociedad con la paralización de la regulación determinada y publicada mediante los actos cuestionados no podría repararse ni siquiera con el otorgamiento de una garantía”.
Esto, argumentaron, provocaría que el servicio público de transmisión se tenga que prestar en términos menos eficientes, que es uno de los objetivos de los costos impugnados, con las consecuencias negativas que ello implicaría para la industria y el mercado eléctrico mayorista.
Más aun, el otorgamiento de la medida cautelar afectaría el interés social y el orden público
Además, conceder la suspensión tendría como consecuencia que las compañías que buscan ampararse pagarían un monto por concepto del servicio público de transmisión de energía eléctrica distinto del que deben cubrir los demás particulares que se encuentran en la misma situación que ella, “afectándose así, la libre concurrencia y competencia en el sector”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto un frente en el sector energético en los últimos meses. El Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) y la Secretaría de Energía (Sener), que publicaron acuerdos para bloquear la llegada de empresas de energías renovables al mercado eléctrico mexicano.
La actual administración busca fortalecer a sus empresas productivas, Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE, pero las compañías privadas han respondido con una lluvia de amparos, muchos de los cuales han surtido efectos en distintos niveles.
Sin embargo, el golpe más duro para la actual administración se lo dio la Suprema Corte, que suspendió este lunes de manera temporal un decreto que limitaba la entrada de energías limpias al mercado eléctrico mexicano.
La suspensión se mantendrá hasta que el máximo Tribunal de México se pronuncie sobre la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que consideró afecta de “manera grave” la estructura económica de la industria.
Estos decretos del gobierno de López Obrador generaron también cierta inquietud en el exterior. Tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables.
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