Eran 31. Todos jóvenes. Llevaban reunidos una hora, como todas las tardes, contándose unos a otros sus desventuras con la droga. Estaban apunto de terminar, cuando un grupo de sicarios aparcó un auto rojo fuera del centro de rehabilitación “Recuperando la vida”. Los hombres —aún no se sabe cuántos ni por orden de quién— ingresaron al inmueble y los obligaron a tirarse al suelo. A los 31. Los apilaron y dispararon contra ellos con armas AR-15 calibre 223, dejando un saldo preliminar de 26 muertos y cinco heridos. Terminando el trabajo, los sicarios huyeron. Ningún vecino vio nada, y si alguno vio algo, para cuando llegó la policía ya se les había olvidado.
El fusilamiento sucedió en el municipio de Irapuato, en Guanajuato. Las brutales imágenes difundidas en redes sociales muestran un deprimente sitio en la colonia Arandas — considerada como altamente problemática— en el que se ve una montaña de cuerpos ensangrentados. Este año, la guerra que enfrenta a los cárteles en Guanajuato se ha llevado por delante a un centenar de hombres en rehabilitación, casi todos jóvenes.
En la entidad operan 70 anexos, y no es la primera vez que se produce un ataque así. Hay quién dice que algunos de los hombres asesinados pertenecían a algún grupo delictivo, y también hay quien piensa que algunos de esos anexos, más que una labor rehabilitadora sirven a los cárteles de la droga para reclutar sicarios.
El secretario de Seguridad del estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, comentó en su recuento de acciones, que la mayoría de los anexos atacados en la entidad no están regularizados. “Se sabe, por algunos casos, que no lo comentaré en particular ni con nombre, que pertenecen (los centros de rehabilitación) también a la delincuencia. Van, cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo y por eso el grupo rival va y ataca”.
En particular, en el anexo “Recuperando la vida” las autoridades no encontraron algún permiso para que pudiera operar, además de desconocer los programas y métodos que utilizaban. Los detalles revelados por familiares de las víctimas indican que el lugar cobraba 400 pesos semanales.
“La mejor solución a los anexos es que todos trabajen conforme a la ley, que cuenten con su permiso municipal de desarrollo urbano, que estén dentro de cierta zonas, que haya conocimiento y autorización por parte de la Secretaría de Salud, que se conozcan sus protocolos porque nadie puede inventarse uno. Saber a quién se está tratando, los nombres de las personas, quién las llevó”, especificó Cabeza de Vaca.
Las masacres en centros de rehabilitación se han convertido en un fenómeno agudizado, por lo cual el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío concluyó que los anexos en la entidad se limitarán a trabajar a puerta cerrada.
El pasado 6 de junio, en la calle Eratzicutzio del municipio de Irapuato, diez personas fueron asesinadas tras un ataque a un centro de rehabilitación de drogadictos.
La ofensiva se produjo hacia las 16:00 horas, cuando un comando abordo de cuatro vehículos abrió fuego contra los internos del lugar llamado “Empezando nueva vida”, situado al centro de la entidad.
La Secretaría de Seguridad Municipal informó que una veintena de hombres irrumpió en la casa habilitada como centro para rehabilitación de personas con adicciones y comenzó a disparar. Después de cuatro o cinco minutos de descargar sus armas, el grupo salió, abordó las camionetas y huyó.
El 5 de diciembre del año pasado, más de una veintena de personas fue secuestrada de un centro de desintoxicación en el municipio de Irapuato.
El centro de recuperación para drogadictos tenía un osado almacén donde se guardaban televisores robados. De acuerdo con medios locales, el sitip no contaba con los permisos de la Secretaría de salud de Guanajuato, pues aún estaba en trámite.
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