Ivanka y su lucha por la impartición de justicia durante la pandemia

En noviembre de 2012, Ivanka B., una mujer trans, fue detenida por robo agravado en la Ciudad de México. Obtuvo una sentencia y fue liberada, pero desde entonces comenzó una relación tortuosa con el sistema de justicia de la capital, misma que llegó a su punto más álgido en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

Tras haber sido apresada en aquel año, tuvo que pasar seis meses en el Reclusorio Oriente a la espera de una sentencia. Ésta llegó en marzo de 2013, cuando le dieron su libertad condicional, bajo la orden de cumplir 900 jornadas de trabajo comunitario, aunque no las completó, pues durante el proceso sufrió de actos discriminatorios y de odio por parte de sus compañeros y encargados.

Ejemplo de ello era que se referían a ella como “putito” u otras formas peyorativas y violentas, además de que le encargaban hacer trabajos pesados para su complexión corporal. La última vez que se presentó al servicio comunitario, estas personas la encerraron en una azotea.

Siete años después, Ivanka fue reaprehendida por incumplimiento del servicio comunitario, pero ahora su familia tiene las manos atadas, no ha podido realizar ningún trámite debido a que el Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió sus labores desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y no ven para cuándo podrían retomarlas.

El 17 de abril del 2020, su panorama se tornó gris como las paredes del Reclusorio que ahora debe ver a diario. Ese día, relata su madre a Infobae México, un hombre con chaleco del Gobierno de la Ciudad de México tocó a la puerta de su casa haciéndose pasar por un trabajador de la Secretaría de Bienestar para entregarle una ayuda de desempleo.

“Ivanka le informó que ella ya no respondía al nombre por el que preguntaba y el supuesto funcionario le dijo que no había problema y sólo necesitaba una copia de su nueva credencial de elector”, narra la señora Rosalinda.

Entonces, ella salió a una papelería cercana para fotocopiar su credencial y fue en ese lugar donde dos hombres la esposaron y la subieron a un auto particular, el cual no tenía ningún señalamiento oficial y la trasladaron al Reclusorio Oriente. Durante el trayecto, le especificaron la razón de su detención.

Para Jessica Marjane —fundadora de la Red de Juventudes Trans, una organización civil que ayuda a esta comunidad—, este caso es un claro ejemplo de las cosas que hace mal el sistema de justicia, pues “su reaprehensión se dio con irregularidades e incluso violó su debido proceso”, comenta en entrevista a Infobae México.

La manera en que las autoridades llevaron a cabo este proceso, explica la también activista, se basó en prácticas ilícitas, pues se le solicitó información personal e incluso se llevó a cabo la orden de reaprehensión a través de engaños.

Aunque Ivanka siempre destacó que es una mujer trans ante las supuestas autoridades, la ingresaron al Reclusorio Oriente para varones, “violando su reconocimiento de identidad de género, pues ella es una mujer legalmente”, denuncia su madre.

Cuando fue reaprehendida, casi un mes después de que se decretara la Jornada Nacional de Sana Distancia, se encontraba en un proceso de reasignación de género y construcción de su identidad. Desde finales de 2019 decidió comenzar su transición, por lo que realizó los trámites legales necesarios para cambiar su identidad e incluso inició su tratamiento de sustitución de hormonas.

A los pocos días que fuera ingresada al Reclusorio Oriente, la madre de Ivanka fue informada de que su hija había contraído la COVID-19, lo cual le resultó preocupante, ya que ella es portadora de VIH y podía agravarse su estado de salud, pues durante ese proceso siempre tuvo problemas con las autoridades penitenciarias para entregar los medicamentos antirretrovirales.

Por ello “solicitamos que se tuviera un enfoque diferenciado por ser una persona trans que vive con VIH, pero el sistema penitenciario no nos dio ningún tipo de alternativa”, denuncia Marjane, quien ha dado seguimiento al caso y asesoría a la familia de Ivanka.

Debido al diagnóstico, ella estuvo dos semanas internada en el hospital Torre Médica Tepepan y al ser dada de alta, fue reingresada al mismo centro penitenciario. A pesar de esas circunstancias, comenta Marjane, no han podido tener acceso a su expediente y tampoco realizar otro tipo de trámites legales. “El debido proceso no ha sido informado y transparente”, sentencia.

Para la familia de Ivanka, la pandemia ha demostrado que la impartición de justicia no es una actividad prioritaria en la Ciudad de México, además de que no tiene en cuenta sus particularidades como persona trans, lo cual es necesario, destaca Jessica, para “generar un proceso de justicia restaurativa en donde no esté en peligro su integridad, lo cual sí ha sucedido”.

Las dificultades para la impartición de justicia durante la emergencia sanitaria

Ante la pandemia de coronavirus, el sistema de justicia en la Ciudad de México, igual que el de muchos países en todo el mundo, demostró no estar preparado para enfrentarse a un escenario de estas características, además de que expuso y recrudeció sus principales carencias.

Especialistas de diversas organizaciones civiles coinciden en que si bien los tribunales y poderes judiciales continúan operando, únicamente atienden casos urgentes; sin embargo, “no había una definición consensuada para determinar qué era prioritario”, comenta Laurence Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales, en México Evalúa, cuya consecuencia ha sido que muchos casos no se atiendan.

En la Ciudad de México, la suspensión de labores ha provocado que los abogados, entre otras cosas, no puedan imponer recursos legales ante las autoridades para las personas, lo cual ha obstaculizado de manera relevante el acceso a la justicia.

Viridiana Valgañón, abogada litigante de la asociación EQUIS Justicia para las Mujeres, refiere que antes de la pandemia, el sistema de justicia ya se encontraba con un diagnóstico negativo, pero a raíz de la emergencia sanitaria éste se agravó.

Un ejemplo de estas carencias antes de este periodo lo vivían las mujeres que solicitaban órdenes de protección ante la Fiscalía por ser víctimas de violencia y cuyos casos eran minimizados o incluso ellas padecían de revictimización.

Con la pandemia, dice Valgañón, las autoridades encontraron “un pretexto o una justificación para negar la atención. Hemos notado que durante este tiempo no sólo se han minimizado los casos, sino que también usan el riesgo sanitario como un recurso de persuasión”.

En el caso del Poder Judicial, sostiene la abogada, la evaluación es igual de adversa. La situación representativa son las personas privadas de su libertad, pues tras el inicio de la cuarentena se anunció que no se harían nuevos trámites, sino que procesarían las solicitudes que ya tenían antes de este periodo, así como considerar a los reos con vulnerabilidad frente a la COVID-19 para iniciar procesos de liberación, pero eso no ha sucedido.

Es decir que el de Ivanka no es el único caso adverso. Durante estos meses, Valgañón ha trabajado con tres personas privadas de su libertad, quienes podrían salir libres, pero a causa de la suspensión de labores aún permanecen en prisión.

Un proceso similar es el de un joven en el Reclusorio Oriente, quien ya había realizado su solicitud de beneficios y sólo estaba a la espera de una fecha de audiencia, pero a raíz de la pandemia, este proceso se suspendió y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de un juez y él continúa en prisión, en donde también se contagió de coronavirus.

Otro ejemplo más es el de una mujer privada de su libertad que igualmente había solicitado beneficios para ser acreedora de la libertad condicional; sin embargo, hizo una apelación porque le cobraban el brazalete de monitoreo (15,000 pesos) y no lo podía pagar. Por ello, “el Poder Judicial no le ha fijado su fecha de audiencia para resolver su situación. Este caso, además de todo, revela un tema de criminalización de la pobreza”.

Para la abogada, el problema es claro, ya que “las autoridades judiciales tienen las puertas cerradas, no se puede hacer ninguna solicitud, trámite o presentar un escrito ante jueces de ejecución en los reclusorios, aun cuando los implicados ya cumplen con los requisitos de ley”.

Durante esta pandemia, menciona Jessica Marjane, el sistema de justicia no ha considerado las condiciones dignas para las personas privadas de la libertad, en particular aquellas que son vulnerables frente al nuevo coronavirus y, además de todo, tampoco ha considerado las particularidades de cada caso.

El panorama actual es complejo, aunque otros abogados penalistas, como Arturo Luis Cossio, quien también es director del seminario de derecho penal en la facultad de Derecho de la UNAM, el Poder Judicial ha logrado mantenerse en funciones y “no ha sido inoperante” ante los asuntos prioritarios. Pero desde su punto de vista, la situación se ha recrudecido debido a la sobrecarga de trabajo, misma que en el futuro no podrá gestionar.

“En este periodo se han llevado a cabo audiencias iniciales, que son aquellas donde se dicta la vinculación a proceso o donde se resuelve si se decreta la prisión preventiva, entre otras cosas. El problema vendrá después, porque todos los casos se irán acumulando”, detalla el especialista, quien también ve necesaria la implementación de un sistema de justicia en línea eficiente.

Los retos de la justicia en línea

Aunque los recursos digitales pueden representar un beneficio para la impartición de justicia y la pandemia hizo notar que son necesarios en la Ciudad de México, este tema debe enfrentarse a ciertos retos para su implementación. En primer lugar está el hecho de que el desarrollo tecnológico en muchos poderes judiciales ha quedado rezagado por falta de interés o de presupuesto para la inversión, explica Pantin.

Además, la integrante de la organización México Evalúa, también considera que se debe tener en cuenta la importante brecha digital que padece la población del país. Por ello, cuando el sistema judicial reinicie operaciones presenciales, pues “no sugerimos una digitalización al 100%, porque eso resultaría inconveniente, podría reducir el acceso a la justicia”.

Su propuesta va orientada hacia una justicia electrónica que complemente a la presencial y pueda eficientar los procesos durante una emergencia como la que se vive actualmente, lo cual, sin embargo, parece algo lejano de alcanzar para Valgañón, quien destaca que en la actualidad las páginas de internet de las instancias judiciales no son accesibles para todas las poblaciones que requieren acceso a la justicia, lo cual representa un tema de desigualdad.

Por otra parte, Pantin también nota ciertas reticencias tanto por parte de quienes imparten la justicia, como de los abogados, ya que para ambos sectores, este tránsito representaría cambiar sus formas de trabajo, además de que en ocasiones no sienten certezas en torno a la seguridad informática necesaria para llevarla a cabo.

También apunta que será necesario reflexionar respecto a cuáles son los límites en los procesos digitales. En este sentido pone de ejemplo las audiencias donde los principios de inmediación y contradicción de pruebas son fundamentales, elementos que se podrían complicar a través de lo virtual.

Otro asunto que requiere atención es que al ampliar los trámites y las etapas de los procesos a lo digital, muchos de los poderes judiciales no cuentan con una normatividad que respalde la implementación de estas nuevas tecnologías, lo cual traería como consecuencia que algunos abogados puedan promover la nulidad de procesos bajo el argumento de que la forma y medios en que se realizaron son ilegales, pues no tienen un sustento jurídico.

A pesar de estas trabas, el hecho de implementar la justicia digital traería importantes, ventajas, la más relevante: eficientar los procesos tanto para las autoridades como para las víctimas.

Otro aspecto positivo es que podría ayudar a la reducción de casos de corrupción “cotidiana”, como la llama Laurence Pantin. “Habría menor contacto entre abogados y funcionarios y, por lo tanto, se eliminarían espacios que den pie a este tipo de prácticas”, explica.

Asimismo, agrega Arturo Luis Cossio, los recursos digitales contribuirían para desahogar la labor de ciertas instancias que se encuentren saturadas por la cantidad de casos a atender. Es por ello que “necesitamos la transición a la justicia digital, no es una discusión aplazable”, sentencia Valgañón.

Los aprendizajes de la justicia para la “nueva normalidad”

Si bien estas herramientas aportarán mejoras para el sistema de impartición de justicia y son de suma importancia para mitigar los contagios en un momento de emergencia sanitaria, Pantin señala que las condiciones también han demostrado que es urgente reabrir los espacios físicos con medidas de prevención muy estrictas, “porque la demanda de justicia nunca se detiene”.

Desde la experiencia de Viridiana Valgañón, la cuarentena ha dejado importantes lecciones para el sistema de justicia. La primera es que apuntaló, “de manera muy clara, que sus deficiencias son las mismas: minimizan las denuncias de las mujeres, las persuaden para no iniciar procesos o aplican estereotipos de género para desechar sus quejas”.

La segunda es que mostró la vulnerabilidad y abandono que padecen las personas privadas de su libertad, pues desde la suspensión de labores en el Poder Judicial, el avance que tienen de sus casos es nulo. “Ni como abogados hemos podido acceder al sistema de justicia, ahora imagina a las familias que no tienen la posibilidad de pagar a un especialista”.

En este panorama, la Ley de Amnistía podría representar una luz en el camino. La semana pasada, el gobierno instaló una Comisión para atender ciertos casos, como aborto y homicidio agravado en razón del parentesco, un delito que suelen imponer a las mujeres que interrumpen su embarazo, tanto para ellas como para quienes las hayan auxiliado (médicos, parteras, etcétera).

También contempla delitos cometidos por personas indígenas, siempre y cuando las personas no hayan contado con traductor o intérprete durante su proceso; delitos contra la salud en casi todas sus modalidades y hayan sido juzgados por un juez federal y cumplan con ciertas categorías de vulnerabilidad, como ser mujer, indígena o desfavorecida económicamente e incluso si la mujer fue coaccionada por su pareja o cónyuge; robo simple sin violencia; y sedición.

No obstante, aun con esta legislación, el proceso podría ser largo, pues este organismo contará con un plazo de hasta cuatro meses para revisar si la persona privada de su libertad cumple con los requisitos para obtener el beneficio. De ser así, su caso se presentaría ante un juez.

Por ahora, el caso de Ivanka, como el de muchas otras mujeres trans, le reafirmó a Jessica Marjane el hecho de que la justicia invisibiliza y omite a ciertos sectores de la población, como al que ellas pertenecen.

“Lamentablemente la violencia se ha encrudecido. Las personas que no eran escuchadas antes de la pandemia, ahora son completamente omitidas de sus derechos. Si bien nunca fueron prioridad para un gobierno, sociedad y un sistema de justicia, ahora es peor para estas personas que históricamente han sido excluidas”.

Ante un contexto tan desfavorable y de cara a lo que el gobierno ha llamado “nueva normalidad”, ellas esperan que esta realidad se modifique y deje de hacerlas a un lado. “No necesitamos una nueva normalidad discriminatoria, sino construir un nuevo tejido social y perspectiva para que exista un mundo más habitable, especialmente para las personas trans”.

El 16 de junio, Ivanka B. fue trasladada al Centro Varonil de Santa Martha Acatitla con el fin de recibir atención médica para su tratamiento antirretroviral, que se había interrumpido en varias ocasiones dentro del Reclusorio Oriente.

Ante este nuevo panorama, la señora Rosalinda pide que se respete el debido proceso y se ajuste a sus particularidad como mujer trans portadora de VIH. “Que la sanción que vayan a imponerle sea en respeto a su identidad de género y sin vulnerar su salud, es decir, sin que su tratamiento antirretroviral se interrumpa”.

Hace unos días, el Poder Judicial de la Ciudad de México dio a conocer una nueva prórroga al plazo de suspensión por la emergencia sanitaria de coronavirus hasta el 3 de agosto de 2020. Al comentar acerca de esto con la familia vía telefónica, una voz combina frustración, enojo y desesperanza para lanzar la frase: “Un mes más”.

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