Una completa incertidumbre. Eso es lo que viven en este momento los dolientes de Mario Guzmán González, al no saber con seguridad si la persona que enterraron el pasado 8 de junio en el panteón de Rosa Morada, en el municipio sinaloense de Navolato, era en realidad su familiar.
Mario Guzmán, de 61 años, comenzó a padecer síntomas de COVID-19 a principios de junio. Empezó con una tos cargada, que poco después, le impedía respirar con normalidad. El día 4, viendo que su estado había empeorado, su esposa Irma lo acompañó a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad, donde lo internaron y confirmaron que el paciente se encontraba grave. Los médicos consideraron que era un caso sospechoso de coronavirus.
Por falta de capacidad, Guzmán González fue trasladado horas más tarde al Hospital General Regional, donde los doctores que lo atendieron repitieron el diagnóstico: todo apuntaba a que había contraído COVID-19, y el parte no era favorable.
“A las dos de la mañana salieron a decirme que ocupaba dar mi firma porque le iban a poner el tubito para que alcanzara la respiración”, contó Irma en entrevista con la revista local Espejo.
A las 19:00 de la tarde del 6 de junio, el hospital contactó a los familiares del hombre de 61 años para notificarles la muerte del enfermo. Su esposa y su hijo acudieron entonces al centro médico. Les explicaron que la causa del fallecimiento era sospecha de COVID-19. No les dejaron en ningún momento identificar el cuerpo, pero les extendieron un documento que el hijo del difunto -por la conmoción de la pérdida y la prisa con la que fueron atendidos- firmó sin leerlo, de acuerdo a la versión de Irma.
En el escrito, el signatario aceptaba haber reconocido el cadáver de su padre; anque en realidad, nunca le permitieron comprobar que se trataba de él.
“Lo queríamos reconocer. No nos lo dejaron ver... Se metió a la carroza y no supimos si era o no. Lo que nos dijeron era que iba empaquetado en dos bolsas negras, el nombre y es todo”, explicó la esposa.
Tampoco en la funeraria Emaus pudieron verle. Los parientes de Mario Guzmán pidieron a los trabajadores de la casa fúnebre que al menos, grabaran el rostro del finado con un celular o le sacaran una fotografía, para poder asegurarse de que estaban enterrando a su ser querido. La empresa se los denegó, y alegó que no estaban autorizados a manipular el cadáver de esa forma, y que las autoridades sanitarias habían decretado un protocolo muy estricto sobre el tratamiento de las personas fallecidas por COVID-19.
Además, les comunicaron que debían hacer un pago de 25,000 pesos por el equipo de protección individual que debía utilizar el sepulturero. Tardaron un día en recaudar el dinero, y el 8 de junio se celebró el sepelio.
La primera llamada
Sólo un día después del entierro, el hijo del difunto recibió una llamada en su celular. Era una operadora del IMSS que les contactaba para informarles de que el paciente se había recuperado.
Según los familiares, la mujer les explicó que Guzmán González aún estaba internado en el hospital y se encontraba mejor.
“Ella no dijo nada de darlo de baja. Ella está aceptando que estaba vivo mi esposo y nos quedamos espantados porque no dijo que estaba muerto. Dijo que estaba vivo”, insistió Irma en declaraciones a la revista Espejo.
En seguida, la esposa se dirigió a las instalaciones del Seguro Social. Tras cuatro horas de espera, le informaron que la llamada había sido un error.
La segunda llamada
Habían transcurrido apenas unas horas cuando los dolientes de Guzmán González recibieron una segunda llamada. Se trataba de la misma trabajadora del IMSS. Quería explicarles que ya podían ir a buscar el cadáver del paciente.
“La misma trabajadora social diciéndole a mi hijo: ‘Pásame a tu mamá, aquí está el cuerpo de Don Mario, ven por él”, recordó Irma.
Una tercera llamada
La confusión no quedó ahí. Y es que el 11 de junio se produjo una tercera y última llamada.
“Aquí está el cuerpo de Don Mario. Ven por él. Dile a tu mamá que nos disculpe...”, dijo de nuevo la operadora.
Ante las múltiples contradicciones, la familia cayó en la incertidumbre. Ya no confiaban en la información del IMSS, y ni siquiera saben a quién enterraron en el Panteón de Rosa Morada, ubicado a unos dos kilómetros de la vivienda del matrimonio. Por eso, exigen que se exhumen los restos del difunto para realizarle exámenes de ADN y confirmar su identidad.
“Que al cuerpo se le han pruebas de ADN. Y que el cuerpo que dicen que es.... pues ¿dónde tenemos el cuerpo de mi esposo? La verdad es que no sé a qué persona enterré”, lamentó la viuda, desconsolada.
Sin embargo, las autoridades se niegan a desembolsar el dinero para realizar el proceso, y sostienen que la familia es quien debe pagar el costo.
Un error con el número de teléfono
Desde el IMSS, negaron haberse equivocado al entregar el cuerpo, y afirmaron que la persona que está enterrada en el cementerio de Rosa Morada sí es Guzmán González.
Según informó el delegado del instituto en Sinaloa, Rafael López Ocaña, la operadora se equivocó al marcar el número de teléfono. Y proporcionó una información incorrecta. Por eso, se abrió una investigación y se mejoraron las prácticas del call center para evitar que se repita un caso similar.
La explicación, sin embargo, no convenció a Irma, quien busca demandar al IMSS, para que se haga cargo de la exhumación y de las pruebas genéticas.
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