Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, un presunto líder del cártel Guerreros Unidos y de quien se sospecha que está vinculado directamente con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, fue liberado este miércoles y, en cuestión de minutos, nuevamente aprehendido por las autoridades, a las afueras del penal del Altiplano.
Su abogado, Arturo Rodríguez García, aseguró a Milenio Televisión que la Fiscalía General de la República (FGR) no les notificó por qué su cliente había sido detenido nuevamente.
Sin embargo, medios locales indicaron que, de acuerdo con fuentes judiciales federales, El Mochomo fue acusado nuevamente por crimen organizado, pero por otro caso no relacionado con la desaparición de los normalistas.
El supuesto involucrado en el caso Ayotzinapa había sido detenido la mañana del miércoles 24 de junio en el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
José Ángel es hermano de Sidronio Casarrubias, otro de los líderes del cártel Guerreros Unidos que fue detenido en 2014 también por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreció 1,500,000 pesos a quien brindara información sobre el paradero de El Mochomo. Sin embargo, Casarrubias eludió a la ley durante casi seis años.
La detención de El Mochomo se inserta en el contexto de la reapertura del caso, prometida en campaña por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, a pedido de los familiares de los desaparecidos, que han calificado la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, llamada la “verdad histórica”, como defectuosa, evaluación con la que diversos organismos internacionales coinciden.
Oficialmente, según la investigación del Gobierno de Peña Nieto, autodenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso. Apenas en junio de 2019, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.
Este martes, la actual administración dio por terminada la llamada “verdad histórica”. “El día de ayer (lunes), la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. Todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada, y por delincuencia organizada”, especificó Gertz Manero.
Además, el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero ha confirmado que Tomás Zerón, uno de los arquitectos de la “verdad histórica” se marchó de México. “Ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente”, señaló el titular de la FGR.
Asimismo, informó sobre otras detenciones ordenadas de servidores públicos de Guerrero, involucrados en desaparición forzada y delincuencia organizada.
Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sabía que su espalda era un blanco en la reapertura del caso. Además de solicitar un amparo para evitar su captura, la Fiscalía federal confirmó este martes que el exfuncionario huyó del país.
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