Uno de los casos más conocidos en México es el de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los millonarios pagos que recibió de la empresa Odebretch durante el sexenio anterior, liderado por Enrique Peña Nieto. En un giro inesperado, el ex funcionario público aceptó ser extraditado a México para acogerse en una figura jurídica conocida como criterio de oportunidad.
Lo que se veía como un largo proceso de extradición parecido al de otros funcionarios acusados en México, se transformó por completo. Todo comenzó por un desencuentro que tuvo el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, con el magistrado de la Audiencia española Baltasar Garzón, quien también es defensa del ex titular de Pemex y estableció esta estrategia legal.
Como resultado se aceptó el regreso a México de uno de los políticos señalados por corrupción más relevantes de los últimos años. La estrategia jurídica del ex funcionario se basa en el criterio de oportunidad estipulado en el Código Nacional de Procedimiento Penales de México, asegura el columnista de El Universal, Mario Maldonado.
Esta figura tiene por objetivo que el imputado colabore con las autoridades con el fin de involucrar a personajes de niveles superiores que hayan tenido que ver con el caso en cuestión.
En dicha situación, políticos con un rango superior al de Lozoya como el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y hasta Peña Nieto podrían resultar implicados en el conocido caso Odebrecht.
Por otro lado, estarían los funcionarios que formaron parte del primer círculo directo del ahora imputado que tendrían una probable participación o habrían estado enterados de las irregularidades del entonces titular de Pemex.
Cercanos a Lozoya se encontraban Froylán García, Carlos Roa, Ignacio Durán, Mario Beauregard, Arturo Henríquez Autrey, Miguel Tame Domínguez, Alejandro Martínez Sibaja o Gustavo Hernández García, todos en posiciones relevantes dentro de la estructura jerárquica de Pemex.
Fuentes cercanas al caso han señalado a Froylán García como el encargado de agendar la citas del ex director de Pemex a cambio de grandes cantidades de dinero. Por su parte, Carlos Roa, quien fue el jefe de asesores del imputado, habría ayudado a Lozoya a escapar a Rusia y luego a España.
Maldonado asegura que fuentes con acceso a la investigación le revelaron que tanto García como Roa habrían obtenido documentación rusa para refugiarse en ese país con ayuda de los dueños de grupo Hidrosina, conocidos como los hermanos Karam.
La estrategia jurídica de Lozoya busca principalmente alejarse de las imputaciones externando la presión que habría tenido por parte de altos funcionarios para incurrir en las actividades ilícitas.
Las acusaciones en contra de Emilio Lozoya se vieron impulsadas por la Fiscalía en diciembre de 2018 por los supuestos sobornos del caso Odebrecht, pero no fue hasta mayo del 2019 que se pudo emitir una orden de captura en su contra.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero dio a concer el pasado 30 de junio que Emilio Lozoya presentó por escrito una solicitud a la audiencia nacional del Reino de España para aceptar la extradición a México.
Fue ahí donde, además de consentir que se entregara a las justicia mexicana, también manifestó su ofrecimiento de “colaboración para esclarecer los hechos que le han sido imputados”.
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