El nuevo acuerdo comercial de América del Norte entrará en vigor este miércoles, justo cuando el arresto de la abogada laboralista mexicana y líder sindical independiente Susana Prieto ha reavivado la preocupación sobre los desafíos de cumplir con sus disposiciones sobre derechos laborales.
El acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (TMEC) fue firmado en diciembre pasado tras una serie de negociaciones, entre ellas demandas de legisladores demócratas estadounidenses para una aplicación más estricta de normas laborales de México.
Como parte del pacto que reemplazará al TLCAN, como se conoce al tratado de libre comercio vigente desde 1994, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido defender los derechos de los trabajadores.
En el país latinoamericano, donde los trabajadores históricamente han ganado mucho menos y han tenido protecciones más débiles que sus contrapartes estadounidenses, el mandatario ha promocionado una reforma laboral de 2019 destinada a facilitar que los trabajadores formen sindicatos independientes.
Pero el caso de Prieto ha arrojado dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir la promesa de López Obrador, lo que subraya el desafío de México de trasladar medidas federales al ámbito local.
Cualquier violación grave de las disposiciones laborales en el TMEC, incluida la garantía de que los mexicanos disfrutarán derechos de negociación colectiva, podría poner en peligro el pacto que rige uno de los bloques comerciales más grandes del mundo.
Prieto saltó a la fama el año pasado al encabezar una serie de escandalosas protestas y huelgas por mejores salarios en plantas manufactureras en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas.
Más recientemente, la activista se presentó en las fábricas fronterizas instando a los trabajadores a exigir su cierre durante la pandemia de coronavirus y el pago completo para todos los que fueron suspendidos.
El fiscal del estado Tamaulipas acusó a Prieto después de su arresto a principios de junio de cometer delitos contra servidores públicos, incluidas amenazas e incitación a disturbios. Ella ha negado los cargos.
La secretaria del Trabajo de México, Luisa Alcalde, se unió a los llamados para la liberación provisional de Prieto, y reconoció que cumplir con los requisitos de TMEC podría ser complicado. “Significa un reto mayúsculo, porque podrá haber asuntos donde todavía no está implementada la reforma y aún así existen quejas de violaciones de derechos sobre todo a libertad sindical y negociación colectiva”, dijo en una entrevista.
López Obrador informó que había dado instrucciones a funcionarios de su gobierno para que no se permita una arbitrariedad en el caso de Prieto, pero también dijo que el asunto estaba en manos de las autoridades de Tamaulipas.
Cuando se le preguntó sobre la detención de la activista en una audiencia reciente en el Congreso en Washington, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, lo calificó como “un mal indicador”. Dijo que los agregados laborales y los paneles formados en virtud del acuerdo denunciarían rápidamente cualquier violación laboral.
El representante demócrata estadounidense, Bill Pascrell, instó al gobierno del presidente Donald Trump a presionar para que Prieto sea liberada. En una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, el congresista dijo que su arresto “envía la señal equivocada de que el TLCAN renegociado no está en camino de entregar las mejores condiciones laborales mexicanas”.
“DESPROTEGIDOS”
El fiscal general de Tamaulipas dijo que unos 400 trabajadores organizados por Prieto fueron violentos y amenazaron a empleados del gobierno en una protesta frente a una junta laboral de Matamoros en marzo pasado.
Los trabajadores se habían reunido para exigir que las cuotas sindicales ya no se descontaran de su paga en Tridonex, una unidad de la firma estadounidense de autopartes Cardone Industries, Inc., parte de un intento por cortar los lazos con su sindicato actual y buscar una mejor representación.
Cardone Industries no quiso hacer comentarios.
Prieto se detuvo durante unos 10 minutos y se fue sin interactuar con los funcionarios de la junta laboral, dijo la portavoz de Prieto, Alyn Alvidrez.
Cuando fue arrestada, Prieto también había estado tratando de ganar un acuerdo de negociación colectiva para un nuevo sindicato en una planta en Matamoros del fabricante de autopartes Fisher Dynamics, que tiene su sede en Michigan.
Prieto dijo a Reuters a principios de este año que su sindicato independiente SNITIS ya representaba a los trabajadores de Fisher. Pero afirmó que autoridades estatales se habían tardado al programar una votación en la que trabajadores podían elegir SNITIS para administrar el contrato. Fisher no respondió a las solicitudes de comentarios.
Según la reforma laboral de México, que entró en vigencia en mayo de 2019, una entidad judicial centralizada comenzará a asumir el control de las juntas laborales estatales en octubre, en parte en un esfuerzo por disminuir las demoras.
Además de 1,300 miembros de SNITIS en Fisher, la mayoría de los trabajadores en otras cinco fábricas han mostrado su apoyo para unirse al sindicato desde su fundación el año pasado, y Prieto representa a los trabajadores en cerca de 4,000 conflictos laborales, afirmó Alvidrez.
“Todos ellos se encuentran en este momento desprotegidos”, dijo en una protesta la semana pasada en Ciudad de México, mientras partidarios coreaban: “¡Susana libre!”.
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