A un año de su fundación, la Guardia Nacional ha permanecido como una corporación militar que opera como extensión de las Fuerzas Armadas, lejos de la institución civil que prometía la reforma constitucional que le dio origen.
Esto, de acuerdo con el Observatorio de la Guardia Nacional, que también aseguró que la corporación no podrá resolver los problemas de seguridad pública que aquejan al país.
En su informe “Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación”, el observatorio resume los aspectos más relevantes de la creación y funcionamiento de esta corporación. Destaca, por ejemplo, que la Guardia depende principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), tanto en la formación y reclutamiento de elementos, como en la asignación de presupuesto y construcción de infraestructura propia.
Si bien inició operaciones en junio de 2019, la Guardia Nacional se originó en marzo de ese año, cuando fue publicada la reforma constitucional que le dio fundamento. Al respecto, el observatorio remarca la contradicción con la que se originó: supone tener un carácter civil, mas su conformación y estructura fueron homologadas a las Fuerzas Armadas.
De hecho, la institución inició operaciones a cargo de un general de brigada en activo y fue integrada mayoritariamente por elementos de las policías Militar y Naval, con lineamientos propios de un cuerpo castrense. Además, la fundación de la Guardia Nacional supuso la aprobación de un periodo extraordinario de cinco años (2019-2024) en que el presidente de la República tiene la facultad de disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.
La Guardia Nacional opera sin subordinación a un mando civil, sin supervisión externa y sin un carácter extraordinario, como se afirmó en un principio. En realidad, la propia constitución de la corporación contradijo las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación militar en tareas de seguridad pública, detallaron.
La fuerza de la Guardia Nacional surge y se mantiene gracias a la transferencia de elementos de la Sedena, la Semar, las policías Militar y Naval, y de la extinta Policía Federal. De este último cuerpo proviene la menor cantidad de elementos (18,000 a junio de 2020).
En marzo de 2020, la Sedena y la Semar reclutaron 20,235 soldados y 6,637 marinos, respectivamente, para transferirlos a la Guardia. En cambio, de julio a diciembre de 2019, sólo ocho personas causaron alta en la corporación.
Actualmente hay 12 centros de reclutamientos, todos instalados en bases militares. Además, los militares transferidos conservan su plaza y prestaciones en las Fuerzas Armadas, por lo que no hay delimitación clara entre instituciones. En la práctica se suman las funciones y responsabilidades de las instituciones.
En su informe, el observatorio recalcó que no existe ningún criterio público que explique el despliegue de la Guardia en la entidades federativas. Por ejemplo, a pesar de que los estados con mayor tasa de homicidios son Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos, la Guardia Nacional tiene mayor presencia en Quintana Roo, Colima, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero.
Por otro lado, la construcción de cuarteles para la Guardia se ha basado en la donación de terrenos a la Sedena por parte de gobiernos estatales. A la fecha, se han construido 29 cuarteles en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en Guanajuato. Se proyecta construir 91 cuarteles más, adicionales a la infraestructura existente de las Fuerzas Armadas y Policía Federal.
Durante 2019, la Guardia Nacional operó con recursos de la Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, sin que exista certeza sobre los montos. En 2020 sí hubo presupuesto etiquetado para la nueva corporación: un total de 29,000 millones de pesos.
En dos ocasiones, Andrés Manuel López Obrador incorporó como promesa en campaña electoral la retirada de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública (tanto en 2018 como en 2012). En este sentido, una vez asumida la presidencia de la república determinó la creación de la Guardia Nacional pues, según su proyecto, esta institución haría realidad su promesa.
Con este fin, se determinó la disolución de la Policía Federal, misma que contaba con 37,000 elementos que fueron, en parte, integrados a la nueva corporación.
Poco después de la conformación de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó, en mayo de 2019, cuatro acciones de inconstitucionalidad referentes a la Ley de la Guardia Nacional y a sus ordenamientos relacionados con el uso de la fuerza, el registro nacional de detenciones y el sistema nacional de seguridad pública.
En modificaciones posteriores a la ley, se confirieron más atribuciones a la Guardia Nacional como realizar acciones de vigilancia, colaborar en la contención de migrantes, recibir denuncias, realizar detenciones, aseguramientos, y dar atención a víctimas.
El observatorio concluye, como parte de su informe, que las Fuerzas Armadas (la Guardia Nacional incluida) no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país: “atender los graves problemas de seguridad no requiere de despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana, y apoyados en una auténtica política de prevención”.
También detalla que las funciones de la Guardia se suman a las atribuciones de las corporaciones militares, mismas que se han incrementado de manera importante durante el actual gobierno. El decreto de creación de la Guardia Nacional confirma una ampliación de las funciones y operaciones de las Fuerzas Armadas “como nunca antes en la historia moderna del país”, afirma la organización.
El Observatorio de la Guardia Nacional se fundó también en junio de 2019, conformada por organizaciones, académicos, expertos, colectivos y líderes de opinión, con el objetivo de documentar y divulgar el proceder de la institución.
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