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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, emitió un comunicado de prensa en el que rechazó categóricamente una publicación a título personal del académico John Mill Ackerman Rose, esto porque el pasado 26 de junio el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó que:
“Los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa”.

Ante esta expresión, el órgano independiente refirió que “son expresiones que pueden contribuir a agravar las condiciones en que las y los periodistas desarrollan su trabajo”.
Cabe mencionar que la CNDH institucional y moralmente se vio en necesidad de publicar dicho extrañamiento, pues a Ackerman se le reconoce como integrante del Comité Técnico de Evaluación al que se refiere el artículo 41, fracción V, apartado A, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que será el responsable de calificar la idoneidad de los cuatro nuevos consejeros con los que se renovará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Dicho de otra forma, parte de las responsabilidades de la comisión es hacer respetar las garantías y derechos de los comunicadores ante cualquier señalamiento que venga de desde algún punto de poder, pues ese tipo de descalificaciones suelen afectar la percepción pública del trabajo del gremio periodístico.
“Sabemos de sobra lo difícil que ha sido en nuestro país el desempeño de libertad de expresión. La violencia contra los comunicadores ha sido ampliamente documentada por la propia Comisión Nacional, y es esta una batalla que tenemos que librar evitando, entre otras cosas, la estigmatización y el descrédito de las y los profesionales de la comunicación”, se lee en el comunicado DGC/196/2020.
Cabe destacar el contexto en el que el doctor en derecho constitucional realizó su publicación, pues en ese momento se acababa de perpetrar el atentado contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México.
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Ackerman Rose comparó este ataque armado con los ataques mediáticos que puede recibir algún otro representante de la 4T y refirió que el objetivo es la desestabilización; sin embargo, este 28 de junio, reculó respecto a su publicación original.
“Se equivocan los periodistas que se ponen el saco de ‘sicarios mediáticos’. Yo no me refería a ellos, sino a quienes amenazan, insultan, calumnian y ponen en riesgo la vida de funcionarios y de comunicadores. Ya basta de violencia verbal. Avancemos por el sendero de la paz”, precisó en su cuenta oficial de Twitter.
No obstante, el máximo organismo defensor de DDHH en México estableció su empatía con los comunicadores y reconoció las condiciones precarias en las que tienen que trabajar algunos periodistas, para lo cual añadió en su comunicado:

“La violencia, impunidad y falta de condiciones de seguridad en diversas regiones del país, es parte del complejo panorama que ellos enfrentan, pero también lo es la estigmatización y el descrédito, factores que inciden en la materialización de todo tipo de agresiones, desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas y personas defensoras, recorrido que pasa por el miedo, la incertidumbre, la autocensura, el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y personas defensoras y el auto destierro o movilidad forzada”.
De este modo, Rosario Piedra abonó al replanteamiento de la producción y reproducción simbólica con la que se refieren algunos personajes en situaciones de poder respecto a comunicadores y reiteró “su preocupación por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de periodistas, así como por la falta de efectividad, eficiencia y vigencia de los mecanismos públicos del Estado mexicano para su protección”.
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