La policía mexicana va “a la guerra sin fusil”: los efectos de la falta de protocolos, capacitación y equipo

El asesinato de Giovanni, un joven obrero originario de Jalisco, presuntamente provocado por un grupo de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos; Oliver, asfixiado cuando era arrestado por un policía municipal que lo mantuvo en el suelo con la bota en el cuello en Tijuana, Baja California; y 3,000 km al sur, Alexander, un joven futbolista al que la policía de Oaxaca disparó al confundirlo con un delincuente y suponer que estaba armado.

Todos ellos provocaron la chispa que encendió una ola de denuncias a través de redes sociales y protestas contra el abuso policiaco terminadas en enfrentamientos violentos en las calles del país, que a su vez, detonaron nuevas agresiones policiales.

Los asesinatos de Giovanni, Oliver y Alexander representan sólo una pequeña muestra de una situación que siempre ha estado presente en la historia de México. De acuerdo con datos del gobierno federal, en 2013 hubo 870 quejas de presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 fueron 466 y 40, respectivamente.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Comité contra la Tortura de la ONU, en un análisis del 2019, se destacó que en 2016 se registraron 3,214 denuncias de tortura, de las cuales sólo ocho dieron lugar a una detención y un juicio.

“Están haciendo falta dos cosas: protocolos claros en el uso efectivo y racional de la fuerza; y dos, capacitación suficiente para los policías que están dedicados a estas labores de contención y de cuidado de las personas”, aseguró para Infobae México Juan Carlos Romero, investigador de la ONG Causa en Común, dedicada a la defensa de los derechos y al estudio de políticas públicas para proponer soluciones con énfasis en aquellas de seguridad y justicia ciudadana.

Para el investigador, es demasiado pedirle a un policía mal capacitado y mal pagado que actúe con el uso racional de la fuerza en tema de derechos humanos, y que por si fuera poco, no cuenta con el material necesario para laborar.

“A la guerra sin fusil”

De acuerdo con la encuesta más reciente realizada por Causa en Común en el 2018, de 5,000 policías de 28 entidades federativas, el 51% tiene que comprar sus botas, 38% sus uniformes y 26% repara sus patrullas. Además de que la mayoría gana menos de 10,000 pesos al mes, pagan lo que el Estado debería proporcionarles.

Cabe mencionar que el gasto público de México en justicia y seguridad interna fue de 0.7% del PIB en 2019, que representa menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE. Para el 2020, aumentó el presupuesto en seguridad sólo 0.8% respecto al año previo.

Aunado a ello, mencionaron que no tienen un horario establecido de trabajo, pues en ocasiones, la jornada puede extenderse hasta más de 24 horas seguidas.

Romero afirmó que tampoco se ha internalizado el tema de los derechos humanos una vez que hay una detención.

“Los policías deberían tener la suficiente capacidad y el nivel de juicio con base en un buen entrenamiento para saber cómo actuar y contener a una multitud sin violar los derechos humanos ni derechos procesales, incluso cuando ya se detuvo a la persona”.

El activista mencionó que aunque siempre hay una responsabilidad de los agentes, la mayor obligación debe recaer sobre las direcciones de seguridad pública, ya que los tres niveles de gobierno deben asumir su deber y reconocer las condiciones en las que tienen laborando a sus policías, para generar acciones que reviertan dicha situación.

Los policías también son agredidos

Intervenciones como las que se han presentado recientemente en la CDMX o en Jalisco, parten de que el policía tiene que actuar en situaciones de violencia.

“Los agentes no tendrían por qué rehusarse a intervenir, puesto que existe el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para garantizar la seguridad. El tema es que no les han dado protocolos claros en términos de cómo intervenir ante multitudes violentas”.

Después de la protesta llevada a cabo el pasado 4 de junio, en Guadalajara, Jalisco para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, se viralizó un video en el que se muestra cómo un manifestante prendió en llamas a un elemento de seguridad que estaba en su moto. Esta vez la víctima fue el policía, quien afortunadamente sólo presentó quemaduras en el cuello y el costado izquierdo.

Otro elemento resultó lesionado en el cráneo con piedras y palos. Ante los hechos, el gobierno de Guadalajara emitió un comunicado donde reprobaba este tipo de acciones.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco aseguró que haría todo lo posible para hallar al responsable de esos ataques.

“A mí no me toca la impartición de justicia, pero voy a hacer todo lo posible (para encontrarlo). Así como dije que voy a hacer todo lo posible para que los policías que le quitaron la vida a Giovanni paguen las consecuencias de sus actos”, difundió el mandatario en redes sociales.

Para Juan Carlos Romero, investigador de Causa en Común, en México pensamos que lo que no puede ser una opción es la no intervención y nuevamente hace hincapié en la falta de protocolos de actuación con derechos humanos.

“Si hay grupos violentos que están atentando contra la integridad de las personas, tendría que haber un protocolo de cómo intervenir tratando de que el daño sea el menor posible, al mismo tiempo para que los policías se protejan. Estos tienen que venir de las secretarías”, enfatizó.

“La opción no es reñir, se tiene que intervenir pero con inteligencia y protocolos muy claros de actuación y de respeto a los derechos”.

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