El gobierno federal hizo formal la instalación de la Comisión de Amnistía, la cual tendrá como objetivo recibir y revisar las solicitudes de reos federales que no cometieron delitos graves o forman parte de sectores vulnerables y, por ello, buscan ser liberados antes de cumplir con su condena.
La Comisión se instaló tras una videoconferencia encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. También tuvo la participación de María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Adolfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Paulina Téllez Martínez, actual titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, fungirá como la secretaria técnica de la Comisión de Amnistía. Esto significa que ella será quien dé seguimiento a los acuerdos del organismo. Además, integrará los expedientes de quienes soliciten la amnistía y elaborará el proyecto de resolución para cada caso.
Cabe recordar que la instalación de esta comisión fue posible debido al acuerdo presidencial del 18 de junio, en el cual se definieron a los integrantes de la misma, así como sus funciones.
Es importante tener en cuenta que ante la Comisión los reos deberán presentar las solicitudes mediante un procedimiento del cual se darán más detalles en los próximos días. De acuerdo con la ley, este organismo contará con un plazo de hasta cuatro meses para revisar si la persona privada de su libertad cumple con los requisitos para obtener el beneficio. De ser así, su caso se presentará ante un juez.
Olga Sánchez Cordero puntualizó que esta Comisión “tiene el compromiso de velar por la justicia de todos los mexicanos, ya sea una persona indígena que no tuvo una adecuada defensa o bien una mujer que por aborto se encuentra privada de su libertad (...) Es un compromiso que hoy se vuelve realidad”.
Alfonso Durazo, por su parte, mencionó que hasta la actualidad “arrastramos las consecuencias de un sistema de justicia penal con vicios y carencias, así como instituciones de seguridad insuficientes y corrompidas. Ello desembocó en personas privadas de la libertad que más que delincuentes, han sido víctimas de severos atropellos y violaciones a sus derechos”.
En este sentido insistió en que con la figura de la amnistía no se pretende liberar a delincuentes, sino constituir un mecanismo para brindar una segunda oportunidad a quienes, por temor o necesidad, has sido obligados a cometer actos ilícitos, como jóvenes que hayan sido procesados por posesión de drogas sin que se les ofreciera otra alternativa.
La Ley de Amnistía beneficiará a las mujeres que hayan sido imputadas por interrumpir su embarazo, así como a los médicos, cirujanos, comadronas, parteras u otro personal de salud, o incluso familiares de la mujer, que haya auxiliado en la interrupción del embarazo.
Otras personas que podrán tener acceso a esta ley son las acusadas por homicidio en razón de parentesco (otro tipo penal con el que se acusa a las mujeres que padecieron un aborto involuntario), si tenía alguna discapacidad permanente o si cometió el delito por indicación de una pareja o familiar.
También beneficiará a quienes estén acusado por delitos contra la salud, siempre y cuando formen parte de una comunidad indígena o afromexicana y cumpla con cierto perfil. Igualmente se considerará a las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato.
Las personas que cometieron robo simple y sin violencia también podrán acceder a esta ley, siempre y cuando no haya ameritado pena privativa de la libertad de más de cuatro años. La Ley de Amnistía, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, contribuirá para reducir el hacinamiento en las cárceles y disminuir el riesgo de contagio por COVID-19.
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