Los senadores del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición parlamentaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presentaron diversos amparos para impugnar el decreto del mandatario que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el final de su administración, en 2024.
“La impugnación presentada busca que la seguridad pública del país no sea militarizada y que la participación de las Fuerzas Armadas en ayuda a la misma sea cumpliendo los requisitos que se establecieron en la Reforma Constitucional: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria”, señalaron los legisladores Kenia López y Damián Zepeda.
El PAN en el Senado se sumó así a Laura Rojas, del mismo partido, que en su capacidad de presidenta de la Cámara de Diputados presentó el viernes pasado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emita una decisión sobre si el decreto viola la Constitución mexicana o no.
En mayo, López Obrador ordenó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial.
“El acuerdo presidencial es abiertamente inconstitucional. Viola directamente lo que la Constitución establece en el artículo transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional”, le dijo en su momento a Infobae México el politólogo Javier Martín Reyes, del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)
“Específicamente, incumple con la obligación de que la intervención de las fuerzas armadas sea ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’. Estos parámetros son obligatorios, están en la Constitución y vienen de una muy importante sentencia de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos)”, añadió.
El decreto también fue criticado por organizaciones civiles. El colectivo “Seguridad Sin Guerra”, por ejemplo, señaló que el hecho de que el Ejército esté en las calles les permite “realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen (en espacios públicos) sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”.
“Considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia, revise la constitucional del acuerdo”, argumentó la diputada Laura Rojas en su decisión, que se basó en las facultades que le otorga el artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados para presentar dicha acción.
Sin embargo, la bancada de Morena, el partido de López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, advirtió que el Pleno de San Lázaro votará en contra de la controversia constitucional enviada por Rojas a la Suprema Corte.
“El Grupo Parlamentario de Morena tiene la convicción de que, debido a los motivos antes expuestos, la Cámara de Diputados votará en contra de la decisión tomada por la actual presidenta de la misma en relación con la controversia constitucional mencionada”, señala un comunicado difundido por el diputado federal morenista, Mario Delgado.
La fracción morenista en la Cámara baja calificó las afirmaciones de la diputada Rojas Hernández como “falsas”, ya que “ha sido este gobierno el primero en dar pasos firmes en el sentido de regularizar la presencia de las fuerzas armadas en funciones de apoyo a la seguridad pública, así como disponer su carácter excepcional y transitorio.”, señaló.
La CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) emitió un comentario este domingo donde exhortó al Congreso de la Unión para que, “a la brevedad posible, definan en la legislación secundaria correspondiente, los términos de ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, a que hace referencia los artículos transitorios del Decreto con el que se creó la Guardia Nacional.
Sin embargo, Kenia López y Damián Zepeda dieron a conocer que, ante la solicitud de los senadores del PAN para que la Comisión interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, “la CNDH dijo no”.
Pese a ello, con el exhorto publicado hace unas, horas, la CNDH “confirma que toda la regulación en materia de seguridad pública debe ser objeto de una ley y no de un simple acuerdo, el cual, por cierto, es uno de los peores documentos jurídicos de este gobierno, mal hecho, obscuro, mal redactado”, indicó López.
“En concreto estamos utilizando la vía del amparo, para pedirle a la justicia federal que proteja a nosotros, a los mexicanos, y que se evite este fraude a la Constitución”, dijo por su parte Zepeda. “Con estos amparos individuales que senadores y senadoras estamos interponiendo desde el día viernes empezamos, hoy se presentan otros, en los próximos días otros”, detalló.
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