El ex director de la Agencia Federal de Investigación (AIC), Tomás Zerón de Lucio, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión por posibles irregularidades en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El recurso legal fue promovido el miércoles 17 de junio ante el juez Octavo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez, según consta en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero la cual aún no se admite a trámite.
Además el juez le concedió cinco días al representante legal del ex funcionario para que se exhiba el certificado digital del poder notarial que Zerón le otorgó a su favor y que precise el domicilio en el que vive. De no cumplir con estos requerimientos, el amparo podría ser desechado.
Tomás Zerón busca protegerse de la orden girada por el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero, por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia a partir de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La orden de aprehensión se emitió, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera pruebas de posibles violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas en contra de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, lo que originó que 60 detenidos por el caso obtuvieran su libertad debido a faltas al debido proceso penal.
El pasado mes de marzo se dio a conocer que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar al ex funcionario durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Fuentes de gobierno federal apuntaron a la posibilidad de que Tomás Zerón se ocultaba en Canadá, a donde supuestamente ingresó en octubre de 2019.
La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) se basó en la indagatoria de la AIC encabezada por Tomás Zerón de Lucio para declarar la “verdad histórica”: que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, lo cual fue descartado por expertos y forenses internacionales.
De acuerdo con las nuevas investigaciones, existe evidencia que acredita la participación activa de integrantes del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en presunta complicidad con narcotraficantes, por ocultamiento y manipulación.
Zerón de Lucio es uno de los “actores clave” en la nueva investigación, por lo que los padres de los estudiantes solicitaron proceder penalmente en su contra “no sólo por el ánimo de que rinda cuentas sino, ante todo, para romper los pactos de silencio, de suerte que colabore en el esclarecimiento”.
Después de que los padres presentaron personalmente esta petición a los presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la reunión del jueves 5 de marzo; el semanario Proceso confirmó que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, solicitó a un juez la orden de aprehensión contra Tomás Zerón.
En el escrito, los padres de los normalistas desaparecidos también pidieron proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.
En la misiva, le exigieron al presidente que “reitere sus instrucciones a las fuerzas armadas para que colaboren proactivamente, entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que incurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero el momento de los hechos”, señalaron los padres.
Sin embargo, reprochan: “Nosotros hemos tenido la disposición de acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional y al 27 Batallón para escuchar a los mandos castrenses, pero no sentimos que en reciprocidad el Ejército y la Marina estén apoyando proactivamente los trabajos de esclarecimiento”.
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