El Aeropuerto Internacional Abelardo L Rodríguez o Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California, México, suspendió sus actividades la noche del miércoles 17 de junio, luego de sufrir una clausura de diferentes espacios dentro de sus instalaciones.
De acuerdo con las autoridades locales, el personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una inspección detallada que culminó con la clausura del aeropuerto por “insalubres y otras graves anomalías”, de acuerdo con El Universal.
La comisión reveló que las áreas que fueron clausuradas son la aerococina que surte alimentos para los vuelos, donde presuntamente ubicaron “un foco de infección en un predio aledaño con acumulación de basura y desperdicios orgánicos”.
Los baños, la cocina para empleados y diversos locales comerciales dentro de las instalaciones también fueron clausurados; por otra parte, su servicio de agua y drenaje fueron suspendidos por falta de pago, mientras que su estacionamiento no contaba con los permisos de operación del gobierno municipal, según los datos de la Cofepris.
Entre los locales comerciales que fueron cerrados destacan dos casas de cambio, una tienda departamental, venta de accesorios, dos empresas de comida, dos negocios de renta de automóviles, una tienda de conveniencia y el ya mencionado estacionamiento. El argumento, fue la falta de reglamentos.
Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, aseguró que aeropuerto tiene un adeudo de aproximadamente 700 millones de pesos en impuestos con el ayuntamiento, de acuerdo con el semanario Proceso. El político considera que el cierre de sus instalaciones fue una táctica para evadir sus responsabilidades fiscales.
González Cruz aseguró al medio de comunicación que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) “se rehúsa a pagar el impuesto predial, a pagar las obligaciones municipales... este asunto es de carácter fiscal y nosotros sólo buscamos que contribuyan de manera justa”.
El presidente municipal, sin embargo, se mostró en las mejores disposiciones de dialogar y llegar a un acuerdo con los concesionarios del inmueble para que puedan contribuir con sus impuestos como cualquier otra empresa sin afectar a los usuarios del Aeropuerto.
GAP, por su parte, denunció a través de un comunicado que un grupo de inspectores entraron a la zona estéril del Aeropuerto por la fuerza y sin el debido proceso de inspección, razón por la decidieron suspender las actividades del aeropuerto durante 20 minutos.
“En respuesta a la grave violación de la legislación nacional y de las normas internacionales sobre seguridad en la aviación civil, la Dirección del Aeropuerto Internacional de Tijuana informa que ha activado los protocolos de seguridad y, en consecuencia, ha sido obligada al cierre del aeropuerto”, reportaron a través de un comunicado.
Minutos después informaron de la reapertura en su Twitter oficial: “estimado pasajero se le informa que la operación del Aeropuerto de Tijuana ha regresado a la normalidad, posterior a un cierre temporal por riesgo de seguridad. Le sugerimos mantenerse en contacto directo con su aerolínea. Nuestra prioridad, es su seguridad”.
Jaime Bonilla, gobernador del estado de Baja California, se pronunció al respecto el domingo 15 de junio, cuando pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le fuera retirada la concesión del aeropuerto a GAP, luego de revelar una supuesta descarga de aguas negras en un arroyo de la ciudad.
De acuerdo con El Heraldo, el mandatario aseguró que la conexión ilícita de dichas aguas negras está ubicada a cielo abierto en la región de Lomas Taurinas y desemboca en el río Tijuana con destino al mar. Bonilla reveló que no existe un tratamiento de las aguas, por lo que residuos sanitarios, solventes, productos de limpieza y aceite para el mantenimiento de aviones terminan en el arroyo, lo que genera un grave problema de contaminación y riesgo sanitario para la población.
A través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos dieron a conocer que el Aeropuerto Internacional de Tijuana arrastra una deuda de 27 millones 611 mil pesos por irregularidades en la medición de su servicio de agua durante 15 años, lo que Bonilla calificó de corrupción.
“No les vamos a quitar el dedo del renglón, a mí no me van a poder intimidar. Que vayan y hablen con el Presidente y que le digan que el gobernador de Baja California, les está cobrando agua que nadie les estaba cobrando antes”, aseguró el mandatario.
MÁS SOBRE OTROS TEMAS: