Los jueces y magistrados federales pidieron este miércoles al Poder Judicial de la Federación que se revisen los protocolos de seguridad para sus integrantes unos días después del asesinato de un juez federal a manos de un comando en el estado de Colima.
“Pedimos revisar los protocolos de seguridad para que a los juzgadores federales que, con sensibilidad y atendiendo el clima que impera de inseguridad pública y crimen organizado en nuestro país, se le den las garantías judiciales necesarias para poder llevar a cabo su importantísima labor de administrar la justicia”, indicó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del poder Judicial de la Federación.
Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR) el esclarecimiento de los hechos y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia cuanto antes
Así lo expresó el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director nacional de la Asociación, que se encargó de hacer público el mensaje a través de un video donde condenaron enérgicamente el “atroz crimen” cometido contra el juez federal Uriel Villegas y su esposa, Verónica Barajas, el martes pasado.
El juzgador federal, de 43 años y que había renunciado al protocolo de seguridad, llevó varios casos relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y robo de hidrocarburos, conocido en el país como “huachicoleo”.
El asesinato de la pareja fue atraída inmediatamente por la FGR y será el Ministerio Público Federal el que realizará las indagatorias. La muerte provocó también que las dos hijas del matrimonio, una niña de tres y otra de siete años, quedaran huérfanas.
“La Asociación realizará una aportación y organizara una colecta para sufragar los gastos necesarios que tengan las huérfanas del matrimonio”, indicó Rojas Caballero. “Estamos explorando el mecanismo para que esto sea más efectivo, atendiendo las necesidades concretas de los familiares que se harán cargo”, agregó.
Por último, el líder de la Asociación realizó un “sensible exhorto” a los juzgadores federales “para seguir realizando su labor de administrar la justicia federal con la mística de servicio que siempre ha caracterizado al Poder Judicial de la Federación”.
Esta, ahondó, está basada en “la excelencia ética y profesional, que nos lleva a brindar a los mexicano un servicio público de excelencia en la administración de la justicia federal”. “Reiteramos el exhorto para que, con fortaleza y valentía, sigamos prestando el valioso servicio público a nuestro país, que abona tanto a la paz y seguridad”, completó.
La condena de Arturo Zaldívar
Más temprano, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, aseguró que el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas en Colima es un “crimen de estado” y como tal todas las instituciones deben actuar unidas para castigar a los culpables.
“Que no haya duda que este es un crimen de estado y cuando hay una situación así todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna distracción”, expresó este miércoles durante una conversación organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Zaldívar también confirmó este miércoles en el mismo foro que Uriel Villegas había rechazado mantener la protección con la que contaba por tratarse de un juzgador federal que manejaba temas constantemente cercanos al crimen organizado. Además, no había recibido amenazas.
Además, el presidente del CJF también adelantó que el pleno discutirá qué hacer cuando se presenten este tipo de disyuntivas. “Es un balance entre el derecho a la vida privada y, por el otro lado, la responsabilidad institucional que implica ser un juez federal”, dijo. Sin embargo, no sabe qué decidirá el Consejo de la Judicatura, ya que ni siquiera Zaldívar tiene definida su opinión.
Los jueces “sin rostro”
La situación provocó que el sector privado, a través de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), propusiera la implementación de la figura del “juez sin rostro”, como se ha usado en otros países en el pasado como medida para proteger a los juzgadores en un contexto de violencia, para permitirles laborar con imparcialidad y sin miedo.
Además, propuso que todos los impartidores de justicia federales, así como sus familias, tengan seguridad si llevan casos delicados en materia de narcotráfico y delincuencia organizada. “Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todos los mexicanos, en especial de aquellos que arriesgan su vida para garantizar justicia”, indicaron.
Villegas Ortiz se convirtió en el primer juzgador asesinado durante lo va que del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Según datos del CJF, de 1987 a 2020 se han registrado ocho asesinatos de jueces, mientras que han sido ejecutados 566 autoridades que han participado durante el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de junio del 2020.
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