El gobierno de Felipe Calderón habría tenido conocimiento desde 2011 del operativo “rápido y furioso”

El gobierno de Felipe Calderón, el presidente de México entre 2006 y 2012, conocía del operativo “rápido y furioso”, con el que se introdujo a territorio nacional miles de armas de alto calibre con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento entre 2009 y 2011.

Así lo aseguró el periodista Jesús Esquivel, quien escribió un reportaje sobre el tema en el semanario Proceso usando como pruebas un par de documentos que obtuvo y que provienen precisamente de las autoridades mexicanas, donde se especifica el operativo con nombre.

“Tengo en mis manos un documento, que es una circular, la cual fue elaborada el 10 de junio de 2011 por parte de Enrique Escamilla, funcionario de la Embajada mexicana en Washington D.C. dirigido al entonces titular diplomático, Arturo Sarukhán”, explicó Esquivel en el programa de radio de la periodista Carmen Aristegui.

El memorándum, detalló el periodista, habla sobre la preparación de los temas que, en octubre de aquel año, discutirían en una reunión la titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y el Fiscal general estadounidense, Eric Holder, de la administración de Barack Obama.

“Como lo dice el documento oficial, hay dos puntos esenciales a discutir entre los fiscales: uno de ellos es ‘rápido y furioso’", reveló Proceso. “Incluso el texto tiene una observación: incluir las operaciones ‘wild receiver’ y otras parecidas”, añadió Esquivel. “El documento es muy claro”, completó.

Y es que “rápido y furioso”, como ha reconocido el Departamento de Justicia estadounidense en su informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de 2,000 armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia.

El operativo fue llevado a cabo por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, (ATF, por sus siglas en inglés) y comenzó a implementarse a finales de 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos en México y Estados Unidos, e inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas estadounidenses y mexicanas, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido e incluso ha propiciado el incremento de este tipo de trasiego ilegal.

Esto ha provocado que la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), haya solicitado formalmente a los Estados Unidos que le proporcione a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información que se disponga con respecto al operativo.

"El gobierno de Estados Unidos ha hecho pública una declaración del entonces Fiscal General Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso”, aseveró hace algunas semanas el Canciller Marcelo Ebrard.

El ex presidente Calderón, por su parte, aseguró que es falso que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. "El gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales”, publicó en sus redes sociales.

“La indagatoria tendrá una repercusión importante, porque hay de dos: el gobierno mexicano mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México, diciendo que no se sabía nada de esto, o bien, se atropelló, o se violentó la soberanía nacional de México”, adelantó Ebrard.

Además, de acuerdo con el reportaje de Esquivel en Proceso, en la página seis del documento antes mencionado, aparece un inciso relacionado con la “intervención de comunicaciones con orden judicial”, donde se confirma que la DEA (Agencia antinarcóticos estadounidense) apoyará a la PGR de Marisela Morales.

“Entre las cosas que iban a hacer de la mano de la DEA se encontraba la asistencia en desarrollo de los protocolos adecuados, cómo realizar, acceder y manejar las intervenciones, así como lo que iban a revisar: comunicaciones privadas, correos electrónicos, mensajes de texto", detalló Esquivel.

Para sustentar sus dichos, Esquivel presentó el segundo documento, que es una comunicación de la PGR dirigida a las John Felley, ministro consejero de la Embajada estadounidense en México, donde se explicaba cómo sería el rastreo de las armas que ingresaría la ATF al país. “Incluso vienen los nombres de los contactos para el trabajo conjunto tanto de México como de Estados Unidos”, remarcó el periodista.

El supuesto conocimiento del tema ha provocado que incluso diputados mexicanos hayan calificado a Calderón como “traidor a la patria”. Es el caso de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, de Morena, el partido de López Obrador.

“Felipe Calderón conocía de la introducción ilegal de las armas a nuestro país y con ellas se asesinaron a miles de mexicanos. Con ello, violó la Constitución mexicana y permitió además que se violentara la soberanía nacional, con lo que se configura el delito de traición a la patria”, expresó Padierna a finales de mayo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA