El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) no sólo sabía de las operaciones de tráfico de armas de Estados Unidos a México, sino que instaló aquí, con ayuda de la DEA, un sistema de espionaje.
De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, en vísperas de la reunión que tuvieron en la Ciudad de México a principios de octubre de 2011 la entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y su par estadounidense, Eric Holder, se elaboró una circular respecto a los asuntos que ambos revisarían.
El documento –cuya copia tiene Proceso– fue elaborado el 10 de junio de 2011 por Enrique Escamilla, consejero de la embajada de México en Estados Unidos, y está dirigido a Arturo Sarukhán, entonces embajador ante Washington.
“Se destaca –indica– que existen dos temas que, en este momento, repercuten en los congresos de ambos países, los cuales se abordarán en la reunión”.
Y añade con letras en rojo una “observación”:
“a) Rápido y Furioso: incluir Wide Receiver (Receptor abierto), así como cualquier otra operación en la que se pudiesen haber utilizado mecanismos de investigación como los usados en estos dos casos. Se debe insistir en la necesidad de contar con información y resultados precisos sobre las investigaciones.
“b) Supuesta inmunidad de Vicente Zambada Niebla (hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García)”.
“‘Observación’: la información difundida en medios de comunicación refleja la estrategia de la defensa de Zambada”.
Proceso agrega: antes de este encuentro celebrado el 4 y 5 de octubre de 2011 se había dado a conocer en Estados Unidos que la oficina regional en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), llevó a cabo en secreto tres operaciones “controladas” de tráfico de armas a México: Gunrunner (Traficante de armas), Wide Receiver (Receptor abierto), y Fast and Furious (Rápido y furioso), las cuales fueron un fiasco.
Según el reportaje firmado por Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, la oficina de ATF en Phoenix reclutó a ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos con el propósito de comprar legalmente armamento al mayoreo para luego entregarlo a conocidos traficantes de armas, quienes a su vez lo enviarían a México.
La idea original de la ATF en Arizona era rastrear las armas para detectar, ubicar, y arrestar a quienes se encargarían de introducir y distribuir el arsenal en México. Resultó contraproducente: miles de rifles y pistolas semiautomáticas terminaron en manos del cártel de Sinaloa, que encabezaba Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El escándalo por el fracaso de las operaciones de la ATF explotó tras el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, el 14 de diciembre de 2010; y se agudizó con el homicidio del agente de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata, el 15 de febrero de 2011 en San Luis Potosí, México.
El FBI corroboró que las armas usadas en los asesinatos de Zapata y Terry eran parte del tráfico supuestamente controlado en: Gunrunner, Wide Receiver, y Fast and Furious.
En su momento y hasta la fecha Calderón Hinojosa y otros funcionarios que trabajaron en su sexenio niegan haber estado enterados de que la ATF llevaba a cabo el tráfico ilegal supervisado de armas a México.
“Se estima conveniente que los temas que al gobierno mexicano le interesan sean impulsados a través del embajador de México y el agregado legal de la PGR en Estados Unidos”, indica el documento consultado por Proceso.
De entre los asuntos sobre seguridad que Morales y Holder tenían agendados destaca uno sobre el espionaje en México, en el cual era notoria la exigencia de la colaboración y asesoría por parte de la DEA.
El punto que abordaron los dos procuradores en la capital mexicana se denominó “Intervención de comunicaciones con orden judicial” y, según el documento oficial del gobierno de Calderón, “la Procuraduría General de la República aplicará las medidas necesarias para desarrollar el uso de la intervención de comunicaciones con orden judicial a través de la creación de una unidad especializada en el tema”.
-Establecer un centro de intervención de comunicaciones. La DEA apoyará a la PGR/SSP para identificar dónde situar y la logística de uso de nuevo equipo para las intervenciones de comunicaciones.
-Nombrar un coordinador del área de intervención de comunicaciones como responsable de la operación y monitoreo.
-Desarrollar un programa piloto para un número reducido de intervenciones, así como proporcionar capacitaciones que incluyan el análisis de llamadas, protocolos para el uso del equipo y el manejo de pruebas.
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