Un juez federal otorgó la primera suspensión provisional a una empresa privada de energías renovables para evitar el aumento en las tarifas que pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer uso de su red de transmisión, las cuales fueron aprobadas por la Comisión Reguladora de Enegía (CRE) este miércoles.
“A consideración de este juzgador se encuentran reunidos todos los requisitos para el otorgamiento de la suspensión provisional”, indicó un juez del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
La medida cautelar, la primera para este caso, fue otorgada a las empresas Tampico Solar y a Saferay Solar. El acuerdo indica a las autoridades responsables que “se abstengan de ejecutar en perjuicio de la parte quejosa” el aumento en las tarifas, que los empresarios denunciaron es de entre 500% y 900%.
El juez indicó que los montos que deberán cubrir estas compañías por concepto del servicio de transmisión de energía eléctrica debe ser calculado conforme a las metodologías, resoluciones, y tarifas que estaban vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la resolución y determinación reclamadas, para garantizar la vigencia de sus contratos de interconexión mientras sus centrales eléctricas inician operaciones normales.
Sin embargo, al tratarse de una suspensión temporal, recordó que no va a ser de forma definitiva, sino que los efectos de los aumentos tarifarios “se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio de amparo y los efectos surtirán efecto hasta que se tome una decisión sobre la suspensión definitiva”.
La audiencia donde se desahogarán las pruebas que ambas parte presentarán se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio. Ahí el juez determinará si la suspensión se extenderá de manera indefinida mientras se desarrolla el juicio de amparo o si deja de surtir sus efectos.
Este jueves, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el aumento era ilegal y lo calificaron como un “electrolinazo”. “Perjudica a la economía nacional. El sector productivo del país, industrial y comercial, será el primero en recibir el impacto directo del aumento”, señalaron en un duro comunicado.
“Los nuevos cargos de CFE ponen en riesgo la capacidad de las empresas para sostener a toda su plantilla laboral (incluyendo sueldos y salarios) como lo han hecho durante la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, que debilitó las finanzas de todos”, añadieron.
Las amplias consecuencias de esta acción desafortunadamente impactarán a la competitividad, al empleo, a las exportaciones, a los mexicanos, y su costo de vida. Este ‘electrolinazo’ es indefendible
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto un frente en el sector energético en las últimas semanas. Primero, fue el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) y la Secretaría de Energía (Sener), que publicaron acuerdos para bloquear la llegada de empresas de energías renovables al mercado eléctrico mexicano.
La actual administración busca fortalecer a sus empresas productivas, Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE, pero las compañías privadas han respondido con una lluvia de amparos, muchos de los cuales han surtido efectos en distintos niveles.
Apenas este jueves, un juez federal asestó un duro revés al gobierno al frenar de forma definitiva las medidas mediante las cuales se pretendía limitar la entrada en operación de plantas eléctricas de energía renovable.
El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, concedió la suspensión definitiva de amparo a la asociación civil Defensa Colectiva contra el Acuerdo de Política de Confiabilidad emitido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
La semana anterior, dos jueces de dos distintos juzgados federales rechazaron el pedido del Cenace de declarar la incompetencia de los juzgados que han concedido casi una docena de suspensiones provisionales y hasta tres suspensiones definitivas contra dichos acuerdos, que detenían el establecimiento de centrales eólicas y solares.
A finales de mayo, también se sumó una suspensión provisional promovida por la organización Greenpeace a través de una demanda de amparo. Fue otorgada por un juez del Segundo Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
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