Legisladores de casi todas las fracciones parlamentarias presentaron este miércoles ante la Comisión Permanente una reforma al artículo 4to Constitucional, a fin de establecer un Ingreso Mínimo Vital de Emergencia para 12 millones de mexicanos que han quedado sin empleo por la pandemia de COVID-19.
Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa a nombre, explicó, de Morena, PRI, PAN, MC y PRD.
La propuesta consiste en otorgar un ingreso por un mínimo de 30 días y máximo de 90 días, con el propósito de garantizar el bienestar de las y los mexicanos cuando por casos fortuitos sobre fuerza mayor, como lo es la actual pandemia del coronavirus, se vea mermado o suprimido por completo el ingreso económico de las familias.
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, Rojas Hernández refirió que en México la suspensión temporal de actividades ha tenido un efecto inmediato en la actividad económica del país, reflejado en la pérdida del empleo de al menos 753,000 trabajadores formales en mes y medio.
Abundó que de acuerdo con datos de la primera encuesta telefónica de ocupación y empleo del Inegi, al menos 12 millones de personas dejaron de laborar y perdieron sus ingresos en el primer mes de la emergencia sanitaria, los más afectados, sin duda, han sido los trabajadores informales con una caída de 36%, “ahí contamos a las trabajadoras del hogar, a las y los comerciantes ambulantes, a las meseras y meseros, los pequeños negocios, entre muchos otros trabajos”.
Esas cifras confirman un panorama muy desalentador para la economía de las familias de nuestro país en los próximos meses. El Coneval ha estimado que la pobreza por ingresos en México se incrementará este año entre 6 y 10 millones de personas, mientras que la pobreza laboral aumentará 8.5% tan sólo en la primera mitad del año
Las iniciativas que hoy presento a nombre de las y los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, de Morena, de Movimiento Ciudadano y el PRD, tienen como objetivo incorporar en la Constitución el derecho a un ingreso mínimo vital de emergencia. De igual forma, buscamos regular en la Ley General de Desarrollo Social el ejercicio de ese derecho.
Dijo que estas iniciativas se suman al llamado reiterado que han hecho al Poder Ejecutivo.
Para adoptar un ingreso mínimo vital de emergencia que respalde a quienes más lo necesitan, al mismo tiempo que desde nuestro ámbito proponemos la vía legislativa para que esto se lleve a cabo. Necesidades extraordinarias demandan respuestas extraordinarias, demos esa respuesta a las y los mexicanos que la necesitan. Desde nuestro ámbito proponemos la vía legislativa para que se lleve a cabo
Por separado., el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, propuso una indemnización de dos meses para los trabajadores afectados por la suspensión de labores de sus empresas, en caso de una contingencia sanitaria.
Por medio de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el legislador plantea aumentar el tiempo del pago, porque actualmente el artículo 429 establece que la indemnización al trabajador será equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.
Desafortunadamente, la medida del salario mínimo apenas es suficiente para acceder a una canasta básica alimentaria y no alimentaria por lo que la indemnización de un salario mínimo general vigente hasta por 30 días, con lo que se corre el riesgo de no satisfacer las necesidades básicas de una familia
Con los números actualizados a 2020, un trabajador recibiría una compensación máxima de 3,696.60 pesos, considerando un salario mínimo de 123.22 al día.
Delgado reconoce que esta cifra aún está por debajo de los 11,290.80 pesos requeridos para 2017 para satisfacer sus necesidades y, a cifras de 2020, una familia de cuatro personas necesitaría de 12,833.44 pesos para permanecer por arriba de la línea de pobreza por ingresos. Sin este piso mínimo, el Estado en su conjunto incumple su obligación elemental de garantizar las mínimas condiciones de dignidad laboral, expone Delgado en la iniciativa.
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