Las autoridades de Jalisco liberaron en la tarde de este martes a los seis jóvenes que fueron detenidos el pasado sábado, durante las protestas por el asesinato de Giovanni Lopez.
Ya el lunes a primera hora, los familiares denunciaron que los seis procesados habían sido trasladados al penal de Puente Grande, sin que la Fiscalía Estatal lo notificara en tiempo y forma. Según la defensa, que ejerce la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, esta no fue la única irregularidad que se cometió durante el arresto; ya que también se negó a las abogadas acceso a la carpeta de investigación.
Al conocerse que los manifestantes habían sido trasladados a una prisión de máxima seguridad, miles de usuarios estallaron en redes sociales y exigieron la liberación inmediata de los detenidos. Tras escalar la tensión, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció el martes que retiraría todos los cargos, pero aclaró que sería la última vez.
“En este momento estoy tomando la decisión, de una vez más y por última vez, por última ocasión. Lo digo no en ánimo de amague, lo digo porque es mi convicción de que así tiene que ser. Estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los seis jóvenes que fueron detenidos el día sábado [...] Nuestro estado no va a permitir que se convierta nuestra realidad en una selva”, informó.
Alrededor de las 15:00 de la tarde del martes, comenzaron a salir los primeros jóvenes. Algunos aparecieron llorando y temblando, otros abrazaron a sus padres, y otros aseguraron a los medios de comunicación que en el momento de su detención se estaban manifestando de manera pacífica.
“Me agarraron, me sometieron, en unas, como tres cuadras de distancia de lo que estaba pasando”, explicó uno de los seis jóvenes, Jonathan Martín, en declaraciones a Noticieros Televisa. “La inercia de ver un policía con un palo que viene sobre ti, pues la inercia es que corres y corres, tratar de salvarte pues. Y empezaron a golpearnos a todos. Yo me desmayé tres veces allí”, añadió el manifestante de 20 años, quien explicó que seguirá participando en las protestas, pero siempre de forma pacífica.
Una historia similar vivieron los detenidos Yahir Eduardo Moreno, de 18 años, y Mario Alberto Rubio, de 20. Ellos habían salido a comer el sábado cerca de la Rotonda Jaliscienses Ilustres. Después, se acercaron al Palacio de Gobierno. En el camino, se encontraron con gente que venía corriendo en dirección contraria, y los imitaron. Entonces, los agentes que perseguían a la multitud les detuvieron, según narró Gloria García, la madre de Yahir.
Durante la aprehensión, los efectivos les agredieron. María Torres, madre de Mario Alberto, dijo que a su hijo los agentes le golpearon mucho porque él no dejó que lo atraparan. Cuando se tiró al piso, y se quedó quieto, le siguieron golpeando.
Además de ellos, también fueron liberados el martes Roberto Carlos Ornelas, Nicolás Ramos Paulino y Angel Eliu Sánchez. A los seis se les acusó de "pandillismo, daños a las cosas, desobediencia o resistencia de particulares, ataque peligroso y delitos cometidos contra representantes de las autoridades”, aunque todos los cargos fueron retirados.
“Se presume su inocencia y se va a llegar a un acuerdo reparatorio”, dijo la abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Comunitario, Lorena Almaraz.
Las manifestaciones y disturbios en Jalisco comenzaron el pasado jueves, en el marco de protestas por la muerte de Giovanni López a manos de la policía. El albañil jalisciense de 30 años presentaba signos de tortura y un balazo en la pierna. Murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Su delito, según las autoridades, fue no llevar puesto el cubrebocas.
La liberación de los seis jóvenes arrestados el sábado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Jalisco, llegó después de las fuertes acusaciones que recibió la Fiscalía Estatal por los abusos y las torturas que emprendió contra varios jóvenes aprehendidos entre el jueves y el viernes.
Según el relato de las víctimas al diario El País, efectivos de la policía ministerial los “levantaron” cuando se dirigían a la manifestación, y los llevaron a unas instalaciones que describieron como “perreras”, ya que eran jaulas de malla con un techo de lámina en las que era insufrible el calor.
Allí permanecieron unas horas, mientras agentes con la cara cubierta les gritaban y les amenazaban: “No existen, nadie sabe que están aquí”; “Ahora se los entregamos al cártel”, les dijeron.
El terror regresó cuando los volvieron a subir, por grupos, a camionetas blindadas. Manos a la espalda, cabeza agachada. “No pregunten”, les ordenó un efectivo mientras les golpeaba con un palo en la espalda. “Ahora corran y no volteen”, les dijeron tras bajarlos en un camino de terracería.
“Pensábamos que nos iban a disparar. Corrimos. Mientras iba corriendo me di cuenta de que detrás venía mi amigo. Respiré. Cuando vimos alejarse la camioneta poco a poco entendimos que estábamos a salvo”, dijo al diario El País una de las víctimas.
Según informó la Fiscalía, los responsables de estas torturas fueron 15 agentes que infringieron las órdenes del gobierno, y cometieron estos actos ilegales. Por el momento, hay una investigación abierta por la que están siendo acusados solo dos policías de abuso de autoridad y robo.
Decenas de videos de vecinos corroboran la captura de jóvenes al bajar de un autobús, o simplemente mientras caminaban por una calle.
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